La organización internacional Human Rights Watch (HRW) ha lanzado una severa crítica contra el estado de Río de Janeiro por su política de ofrecer recompensas a los policías que abaten a supuestos delincuentes durante sus operativos. Esta medida, según HRW, pone en riesgo la seguridad pública al motivar el uso de la fuerza letal en lugar de la detención de los sospechosos.
En un comunicado, HRW ha urgido al gobernador Cláudio Castro a reconsiderar o abolir esta normativa. César Muñoz, director de HRW en Brasil, ha expresado su preocupación: «Dar estas bonificaciones a los agentes por matar a criminales socava la seguridad pública al crear incentivos financieros para aquellos policías que disparen, en vez de arrestar, a los sospechosos».
Muñoz también ha destacado el peligro que esta política supone no solo para los sospechosos, sino también para los transeúntes y los propios policías. Según datos recientes, en 2024 se registraron 703 muertes a manos de la Policía Militar, con un promedio de dos muertes diarias. Del total de fallecidos, el 86% eran afroamericanos, quienes representan el 58% de la población del estado.
El impacto de esta ley podría recaer de manera desproporcionada en las comunidades afroamericanas, según el reporte de HRW. Además, varios fiscales federales han instado a Castro a vetar la medida, argumentando que contraviene tanto la legislación nacional como internacional, en un contexto donde el Tribunal Supremo ha ordenado reducir las muertes policiales.
«Es crucial que dispongamos de servicios forenses de alta calidad e independientes para que los responsables de estos crímenes sean procesados adecuadamente», concluyó Muñoz, instando a Castro a implementar legislaciones que aseguren la independencia de estas investigaciones.