La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) ha hecho público este martes que las autoridades de Arabia Saudí llevaron a cabo en 2025 un total de 356 ejecuciones. Esta cifra supone, según la entidad, un nuevo récord desde que comenzó a documentar la aplicación de la pena de muerte en el reino, que ya en 2024 había marcado un máximo anterior con 345 ajusticiamientos.
“El cierre de 2025 cristalizó una tendencia aterradora en Arabia Saudí con un aumento récord de ejecuciones por segundo año consecutivo”, ha declarado el investigador sobre el país del Golfo pérsico para HRW Joey Shea, quien ha pedido a los gobiernos de los demás países que presionen “de inmediato a las autoridades del príncipe heredero Mohamed bin Salman para que detengan todas las ejecuciones”.
HRW subraya que buena parte de este repunte se explica por el uso de la pena capital en casos de delitos no violentos vinculados al tráfico y consumo de drogas. De acuerdo con los datos recopilados por las ONG Reprieve y la Organización Europea Saudí para los Derechos Humanos (ESOHR) y compartidos con HRW, se registraron 240 ejecuciones por este tipo de cargos, de las que 188 correspondían a ciudadanos extranjeros.
En este contexto, Human Rights Watch ha puesto el foco en la ejecución de varias personas que habían cometido los delitos cuando eran menores de edad, así como en el caso del periodista Turki al Jasser, “conocido por exponer la corrupción dentro de la familia real saudí”, según ha destacado la propia entidad. La organización ha expresado su preocupación por la posibilidad de que el Gobierno saudí esté recurriendo a la pena de muerte para sofocar la disidencia pacífica y silenciar voces críticas.
La ONG recuerda que la Carta Árabe de Derechos Humanos, ratificada por Arabia Saudí, obliga a los Estados que mantienen la pena capital a limitar su uso a los “delitos más graves” y solo en situaciones excepcionales. Además, subraya que la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que Riad también es parte, establece la prohibición absoluta de imponer la pena de muerte por delitos cometidos por menores.
En este marco, el investigador de Human Rights Watch en el país ha argumentado que “las celebridades, los atletas y otras personas que buscan lucrarse con el encubrimiento saudí de su historial de Derechos Humanos deberían reconsiderar su postura, basándose en el número de ejecuciones durante 2025, para determinar si justifica la financiación de esta matanza”.