La organización Human Rights Watch (HRW) ha reclamado este martes al próximo Ejecutivo de Hungría, que estará encabezado por el conservador Péter Magyar tras lograr una mayoría cualificada y desplazar al primer ministro Viktor Orbán después de 16 años en el poder, que adopte sin demora medidas para “restablecer los derechos fundamentales, desmantelar las leyes e instituciones abusivas y fortalecer las instituciones democráticas”.
HRW ha difundido un comunicado en el que recalca que “el nuevo Gobierno de Hungría debería tomar medidas inmediatas para restablecer los derechos fundamentales, desmantelar las leyes e instituciones abusivas y fortalecer las instituciones democráticas, tras años de retroceso”, e insta al futuro gabinete a demostrar “un claro compromiso con el restablecimiento de los derechos fundamentales y la reinstauración de las garantías democráticas, incluyendo el cumplimiento de las obligaciones internacionales y con la Unión Europea de Hungría”.
En ese mismo texto, la investigadora jefa para Europa y Asia Central, Lydia Gall, subraya que el Ejecutivo entrante “tiene una gran oportunidad para comenzar a abordar la crisis de derechos en Hungría mediante el restablecimiento del Estado de derecho y el fortalecimiento de las instituciones democráticas”. Según Gall, “la pronta adopción de medidas para poner fin al gobierno por decreto enviaría una señal inmediata de que Hungría está dejando atrás años de erosión de los derechos”.
HRW vincula estas peticiones al balance de los últimos 16 años bajo la coalición Fidesz-KDNP (Partido Popular Demócrata Cristiano) liderada por Orbán, a la que acusa de “alimentar progresivamente una crisis de Derechos Humanos” y de promover “cambios constitucionales y legislativos (que) han concentrado cada vez más el poder en el poder Ejecutivo, debilitado la independencia judicial y socavado los órganos de control independientes”. La ONG denuncia además que “el gobierno anterior presionó a los medios de comunicación independientes y a la sociedad civil, restringió la libertad de reunión pacífica, estigmatizó a las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT) mediante legislación discriminatoria y adoptó políticas que menoscababan los derechos de los migrantes, los solicitantes de asilo y las mujeres y niñas”.
En este contexto, la organización exige al equipo de Magyar que suspenda “de inmediato” la Oficina de Protección de la Soberanía y derogue la norma que le dio origen, al considerar que “tiene amplios poderes para investigar a periodistas, organizaciones de la sociedad civil y académicos que reciben financiación extranjera y presentarlos como amenazas a la soberanía de Hungría”. De acuerdo con HRW, con estas atribuciones la oficina “ha acosado repetidamente a organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación críticos con el Gobierno”. Por ello, también reclama la retirada definitiva del proyecto de ley de Transparencia de la Vida Pública, que “permitiría a la Oficina de Protección de la Soberanía investigar y sancionar a grupos de la sociedad civil y medios de comunicación que reciban financiación extranjera, sometiéndolos a una supervisión financiera intrusiva”.
La ONG pide igualmente poner fin al uso prolongado de poderes de emergencia, “que han permitido a las autoridades gobernar por decreto durante largos periodos con una mínima supervisión parlamentaria”. Recuerda que en la actualidad sigue vigente un doble estado de emergencia vinculado a la guerra en Ucrania y a la migración masiva, pese a que el país “no es parte del conflicto ucraniano ni enfrenta una afluencia significativa de inmigrantes”. Asimismo, insta a reformar la ley de reuniones “para garantizar que las marchas del Orgullo y otras manifestaciones pacíficas no puedan ser prohibidas”, al señalar que “el Parlamento aprobó en 2025 leyes que se han utilizado para prohibir eventos relacionados con el Orgullo y restringir la expresión pública en materia de orientación sexual e identidad de género, alegando preocupaciones vagamente definidas sobre la 'protección infantil'”.
HRW también anima al nuevo Gobierno a recomponer la relación con las instituciones comunitarias mediante una actuación rápida “para cumplir con los objetivos del Estado de Derecho exigidos por la Comisión Europea” a través de reformas sobre “independencia judicial, garantías anticorrupción y transparencia” que “permitirían al país acceder a miles de millones de euros en fondos de la UE congelados debido a las reiteradas infracciones del derecho comunitario”. La ONG considera además que “el gobierno también debería reafirmar el compromiso de Hungría con la rendición de cuentas internacional mediante su adhesión a la Fiscalía Europea” y le reclama apoyar “la acción exterior de la UE para abordar las violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario”, así como revocar la decisión de retirada de Hungría del Tribunal Penal Internacional (TPI).
En sus conclusiones, Lydia Gall insiste en que “poner fin al gobierno por decreto, desmantelar las instituciones utilizadas para intimidar a los críticos, garantizar que el Orgullo y otras protestas pacíficas puedan celebrarse libremente, y acabar con los enjuiciamientos por motivos políticos demostraría que Hungría se toma en serio la reconstrucción de una gobernanza democrática basada en los derechos”, y remarca que “la prueba de si el nuevo gobierno húngaro pretende reconstruir el respeto por los derechos y el Estado de Derecho serán las medidas concretas que adopte en sus primeras semanas y meses en el cargo”.