QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Human Rights Watch junto a otras organizaciones no gubernamentales han hecho un llamamiento este viernes para que ‘todas las partes interesadas’ mantengan el respeto al Estado de derecho en Nepal, así como a las obligaciones internacionales, después de un reciente cambio gubernamental y una serie de protestas juveniles violentas que han resultado en al menos 51 muertes. Este país había experimentado una relativa calma desde 2006, año en que concluyó una larga década de conflictos armados.
Las recientes manifestaciones fueron provocadas por una prohibición total de las redes sociales y un creciente descontento con la corrupción de las élites políticas, culminando en la renuncia del primer ministro y la creación de un gobierno provisional a cargo de Sushila Karki, ex presidenta del Tribunal Supremo, quien deberá convocar a nuevas elecciones.
‘La ira y la frustración por el mal gobierno y la corrupción se habían acumulado durante algún tiempo’, declaró Meenakshi Ganguly, subdirectora para Asia de HRW, quien instó a las autoridades nepalíes a usar la situación actual como un punto de inflexión para romper con la impunidad del pasado y ‘construir un futuro que respete los derechos (…) exigiendo responsabilidades a los presuntos violadores de Derechos Humanos y a los acusados de corrupción’.
Tras la censura del pasado 4 de septiembre a 26 plataformas de redes sociales, se desencadenaron protestas masivas lideradas por jóvenes del movimiento ‘Gen Z’. El 8 de septiembre, la intervención policial resultó en al menos 19 muertes, sumando un total de 51 fallecidos después de dos días de violencia. A pesar del despliegue del Ejército y la imposición de toques de queda, los ataques a instituciones, incluyendo incendios en el Parlamento y el Tribunal Supremo, han continuado.
Varias organizaciones como HRW, Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de Juristas o la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) han recordado que las fuerzas de seguridad, especialmente el Ejército, deben actuar siempre dentro de los límites del Derecho Internacional y que ‘la fuerza letal solo puede emplearse cuando sea estrictamente necesario para proteger la vida’, enfatizando en que ‘la impunidad debe terminar ya’ para evitar que Nepal siga sin rendir cuentas por las violaciones a los derechos humanos cometidas en su territorio desde los años 90, incluyendo las del conflicto civil con los insurgentes maoístas.
Las organizaciones urgieron al gobierno interino a actuar de inmediato, investigar los casos de corrupción que dieron origen a las protestas y asegurar la continuidad de los avances en derechos humanos desde 2006. Este llamado ocurre tras la nominación de Sushila Karki como primera ministra interina por parte del presidente de Nepal, Ram Chandra Paudel, quien también disolvió la Cámara de Representantes tras la dimisión de Sharma Oli, motivada por la muerte de decenas en las protestas contra el gobierno.
Karki, nacida en 1952 y primera mujer en presidir el Tribunal Supremo del país en 2016, ha sido designada en respuesta a las exigencias de los jóvenes manifestantes, buscando resolver la crisis social que atraviesa el país. Está casada con Durga Subedi, anterior líder del partido político Congreso Nepalí e involucrado en el secuestro de un avión en 1973.
Desde el lunes, Nepal ha sido escenario de protestas callejeras desencadenadas por la prohibición del acceso a la mayoría de las redes sociales, manifestando el malestar juvenil contra el gobierno por lo que consideran una gestión deficiente, marcada por numerosos saqueos y actos de violencia.
