La organización Human Rights Watch (HRW) reclama en su Informe Mundial 2026 la creación de una “alianza estratégica” de gobiernos democráticos para salvaguardar el sistema internacional basado en normas, ante el “punto de inflexión” vivido en 2025 y el riesgo que, a su juicio, representa el Ejecutivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto con “otros líderes autocráticos”.
“Bajo la presión implacable del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el embate incesante por parte de China y Rusia, el orden internacional basado en normas se está haciendo añicos, y podría arrastrar consigo la arquitectura en la que se han apoyado las defensoras y defensores de Derechos Humanos para avanzar normas y proteger libertades”, advierte el director ejecutivo de HRW, Philippe Bolopion, en el texto introductorio del informe.
Bolopion describe 2025 como “un punto de inflexión” y sostiene que, en apenas un año, la Administración Trump “ha impulsado una ofensiva amplia contra pilares clave de la democracia estadounidense y del orden global basado en normas”. Según el documento, “alegando que existe un riesgo de 'borrado de civilización' en Europa y apelando a clichés racistas para calificar a poblaciones enteras como no bienvenidas en Estados Unidos, la Administración Trump ha adoptado políticas y retóricas que se alinean con la ideología del supremacismo blanco”.
El informe reconoce que Washington puede reforzar los controles fronterizos, pero recalca que “no puede denegar las garantías de debido proceso legal a solicitantes de asilo, maltratar a migrantes indocumentados ni discriminar ilegalmente” a las personas. HRW denuncia además que Trump ha arremetido contra la independencia de los jueces y ha utilizado el aparato estatal para intimidar a rivales políticos, medios de comunicación y abogados, al tiempo que impulsa una política exterior marcada por el “desprecio explícito” hacia sus compromisos en Derechos Humanos y hacia las instituciones multilaterales.
“La política exterior de Trump ha socavado los cimientos del orden basado en normas que busca promover la democracia y los derechos humanos. Trump se ha jactado de que no 'necesita el derecho internacional' como límite, sino únicamente su 'propia moral'”, subraya Bolopion. HRW cita como ejemplos la “política de apoyo casi incondicional a Israel” pese a las causas abiertas ante tribunales internacionales por presunto genocidio en la Franja de Gaza, y su postura sobre la guerra en Ucrania, donde, según el informe, Washington ha presionado a Kiev en las negociaciones para ceder amplias zonas de su territorio y ha minimizado “la responsabilidad de Rusia por violaciones graves”.
Voto, inmigración y asilo
El capítulo dedicado a Estados Unidos en el Informe Mundial 2026 detalla retrocesos en el derecho al voto, en las políticas migratorias y de asilo, en la libertad de expresión, en los derechos de las mujeres —incluido el aborto—, en la protección de la comunidad LGTBIQ+, en el derecho a la privacidad y en la regulación medioambiental. Entre las medidas más significativas del segundo mandato de Trump, HRW destaca su intento de poner fin a la ciudadanía por nacimiento, un principio recogido en la Constitución desde el siglo XIX, con la finalidad de restringirla a los hijos de inmigrantes en situación irregular.
La Administración también ha promovido cambios para limitar la participación electoral, como la eliminación del voto por correo y de las máquinas de votación, en paralelo a sus reiteradas acusaciones de presunto fraude en las presidenciales de 2020, en las que resultó vencedor el expresidente Joe Biden. Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha ordenado redadas masivas contra inmigrantes, en su mayoría negros y latinos, vulnerando el debido proceso y “fomentando el miedo” en las comunidades migrantes. Los tribunales han frenado centenares de “procesos abusivos”, entre ellos intentos de deportar a menores no acompañados a países como Guatemala.
En este contexto, el Gobierno federal ha anulado una norma que restringía estas operaciones en “lugares sensibles” como escuelas, hospitales o templos religiosos. Además, ha recurrido a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar la expulsión de migrantes venezolanos hacia El Salvador, acusados de vínculos con redes criminales, una disposición que solo se había aplicado en tres ocasiones por motivos relacionados con conflictos bélicos.
Las redadas, descritas por HRW como “innecesariamente violentas y abusivas” y ejecutadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que suelen actuar enmascarados, han provocado fuertes protestas en todo el país. En numerosos casos, la respuesta policial a estas movilizaciones “violaron la libertad de expresión y el derecho de reunión e implicaron un uso excesivo y, en muchos casos, totalmente injustificado, de la fuerza”. Paralelamente, la Casa Blanca ha desplegado efectivos de la Guardia Nacional en estados gobernados por el Partido Demócrata “con el pretexto de combatir la insurrección y la delincuencia” pese a las bajas tasas de criminalidad, y ha retirado el Estatus de Protección Temporal a decenas de nacionalidades.
Libertad de expresión, mujeres y derechos LGTBIQ+
HRW documenta también que, durante este mandato, numerosos estudiantes universitarios inmigrantes han sido detenidos y sometidos a procesos de deportación por sus posiciones políticas, especialmente por apoyar los derechos del pueblo palestino. Al mismo tiempo, la Administración ha recortado programas de salud reproductiva, ha eliminado iniciativas de diversidad, igualdad e inclusión, ha vetado el uso de lenguaje relacionado con el género y ha impuesto una norma que solo reconoce dos géneros, excluyendo además a las personas trans del Ejército.
Ese paquete legislativo incluye restricciones al uso de baños para personas trans en centros educativos y respalda medidas promovidas por estados republicanos, en coordinación con el Gobierno federal, para prohibir el debate sobre orientación sexual en las aulas y limitar el acceso a atención sanitaria y psicológica para la comunidad LGTBIQ+. El informe recoge igualmente la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, cuyo objetivo es frenar el aumento de la temperatura global, el desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y severos recortes en la ayuda exterior.
Trump ha retirado además a Estados Unidos de foros multilaterales clave para la protección de los Derechos Humanos y ha bloqueado el pago de las cuotas a Naciones Unidas, lo que, según HRW, debilita la capacidad de la ONU para sostener sus programas, operaciones humanitarias y misiones de paz. La organización denuncia también que los ataques militares contra pequeñas embarcaciones en el Caribe, en los que murieron presuntos narcotraficantes, “constituyeron ejecuciones extrajudiciales manifiestamente ilegales”, a la luz del Derecho Internacional.
En sus conclusiones, HRW afirma que “la búsqueda de chivos expiatorios raciales”, el uso de la Guardia Nacional, las “repetidas represalias contra supuestos enemigos políticos y exfuncionarios” críticos con el presidente y sus intentos de “neutralizar los controles democráticos” evidencian un “decidido giro hacia el autoritarismo en Estados Unidos”. La ONG insiste en que solo un frente democrático coordinado podrá frenar la erosión del orden internacional basado en normas y contener el avance de las tendencias autoritarias.