QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La organización Human Rights Watch (HRW) ha solicitado a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU que supervise las infracciones de derechos ‘arraigadas y sistemáticas’ en Sri Lanka, tales como detenciones arbitrarias y torturas, durante la gestión del presidente Anura Kumara Dissanayake. Esto sigue a un informe de un organismo internacional que confirma la restricción de libertades en el país.
‘El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debería tomar nota de la constatación del alto responsable de Derechos Humanos (Volker Turk) sobre la persistencia de los abusos de las agencias de seguridad y tomar medidas’, indicó Meenakshi Ganguly, subdirectora para Asia de Human Rights Watch.
HRW también ha denunciado el empleo de leyes ‘draconianas’ que amenazan ‘la libertad de expresión’ y facilitan ‘la tortura y la detención arbitraria prolongada’. A pesar de las promesas de derogar o modificar estas leyes durante la campaña electoral, el presidente no ha cumplido con estas promesas una vez en el poder.
El aumento de casos bajo la legislación antiterrorista es ‘preocupante’, ya que ha aumentado de 38 casos en 2024 a 49 en los primeros cinco meses de 2025. ‘El gobierno continúa reprimiendo las actividades de organizaciones no gubernamentales y activistas de Derechos Humanos. Muchos grupos enfrentan limitaciones en su financiación, mientras que agentes de la División de Investigación del Terrorismo con frecuencia citan a activistas para interrogarlos o visitan sus domicilios u oficinas’, señala el comunicado de HRW.
La ONG ha subrayado la necesidad de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU presente ‘informes continuos’ para documentar los abusos del Gobierno de Sri Lanka y presionar para que cese ‘la vigilancia y el acoso a las familias de las víctimas y a los activistas de Derechos Humanos’ mediante una moratoria de la ley antiterrorista.
‘Tras un año en el cargo, el presidente Dissanayake no ha mejorado significativamente el terrible historial de Derechos Humanos de Sri Lanka. La colaboración continua del Consejo de Derechos Humanos y la renovación del proyecto de rendición de cuentas son cruciales mientras el gobierno incumpla con su obligación de respetar y proteger los derechos de todos los esrilanqueses’, destacó Ganguly.
