La organización Human Rights Watch (HRW) ha señalado este martes que las autoridades de Sudáfrica no están ofreciendo una protección adecuada a las personas que denuncian la corrupción y las actividades delictivas en el seno del Gobierno y de las empresas públicas. Por ello, ha reclamado “acciones concretas” que salvaguarden a estos denunciantes y aseguren justicia tanto para las víctimas como para sus familiares.
La investigadora de Human Rights Watch para Sudáfrica, Nomathamsanqa Masiko-Mpaka, ha advertido de que “la magnitud y frecuencia con la que los denunciantes son atacados y asesinados por exponer organizaciones criminales y la corrupción es alarmante y plantea serias preocupaciones sobre su seguridad y protección en Sudáfrica”. A su juicio, “las autoridades sudafricanas deberían reforzar urgentemente las medidas de seguridad para los denunciantes y abordar las limitaciones del marco legal vigente”.
HRW ha llamado la atención sobre los “asesinatos selectivos” de denunciantes en la Sudáfrica posterior al apartheid, citando casos recientes como el de 2025, cuando fueron asesinados dos denunciantes: Mpho Mafole, un auditor forense municipal de 47 años que fue abatido cuatro días después de presentar un informe sobre irregularidades en una licitación de baños químicos móviles valorada en 1.800 millones de rands, y Marius Van Der Merwe, exagente de Policía que había declarado a puerta cerrada ante la Comisión Judicial de Investigación sobre Criminalidad, Injerencia Política y Corrupción acerca de presuntas tramas de corrupción en el Departamento de Policía Metropolitana de Ekurhuleni.
La abogada de la organización sudafricana Corruption Watch, Nkululeko Conco, ha explicado a HRW que “la denuncia de irregularidades es fundamental para combatir la corrupción y mejorar la transparencia; sin embargo, también ha demostrado ser fatal en demasiados casos”. En su opinión, la reforma legislativa debería “consolidar el enfoque fragmentado sobre la denuncia de irregularidades, que se articula en diversas leyes”.
El propio presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, abordó esta cuestión en su discurso sobre el Estado de la nación del pasado 12 de febrero, reiterando su compromiso de impulsar un nuevo Proyecto de Ley de Protección de Denunciantes en el Parlamento. “No podemos aceptar que quienes denuncian la corrupción sean víctimas y se conviertan en blanco de ataques”, manifestó entonces, aunque la iniciativa legislativa sigue sin ver la luz.
En este escenario, Human Rights Watch ha recalcado que el Ejecutivo sudafricano “necesita urgentemente” transformar sus compromisos en “acciones concretas”, como la aprobación de dicho proyecto de ley y la puesta en marcha de salvaguardias amplias y efectivas para quienes denuncian.
Masiko-Mpaka ha subrayado que “las autoridades sudafricanas no pueden permitirse el lujo de reciclar promesas vacías porque la vida de los denunciantes está en riesgo”, y ha recordado que “los denunciantes no necesitan promesas, sino medidas específicas, mensurables y tangibles para garantizar su seguridad y poner fin al riesgo de represalias y violencia”.