Human Rights Watch ha advertido este martes de que los detenidos por presunta pertenencia a Estado Islámico que están siendo enviados desde el noreste de Siria a Irak se exponen a un serio peligro de desaparición forzada, torturas, juicios sin garantías, malos tratos y vulneraciones del derecho a la vida. La ONG cita como ejemplo a los 5.700 sospechosos trasladados por Estados Unidos a territorio iraquí.
La investigadora sobre Irak de Human Rights Watch, Sarah Sanbar, ha subrayado que “independientemente de su afiliación o presuntas acciones, estos detenidos han permanecido recluidos durante años sin el debido proceso y ahora se encuentran recluidos en otro país sin las debidas garantías”, y ha recalcado que “las víctimas de los crímenes de Estado Islámico merecen justicia genuina, y eso requiere juicios justos para los acusados”.
En la misma línea, la organización sostiene que, “dado el considerable riesgo de tortura en Irak, estos traslados parecen violar el principio de no devolución del Derecho Internacional: no devolver a nadie a un país donde podría sufrir abusos”. HRW ha añadido que, “en vista de las bien documentadas violaciones del debido proceso en Irak en los procedimientos antiterroristas, el papel de Estados Unidos en la detención de estas personas y la realización de estos traslados transfronterizos podría hacerlo cómplice de los abusos resultantes”.
El excoordinador adjunto de antiterrorismo del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ian Moss, ha explicado a la ONG que la actuación de Washington en Irak “no es un esfuerzo meditado para lograr justicia y rendición de cuentas, respetando los derechos y las normas”, sino “un intento oportunista de desentenderse de la situación”.
HRW recuerda que “la última vez que Irak llevó a cabo juicios por terrorismo a tan gran escala fue en 2018-2019”, cuando “las autoridades arrestaron a decenas de miles de hombres para juicios que violaron gravemente sus derechos”, en los que “muchos fueron condenados a muerte tras un juicio de diez minutos, sin la presencia de un abogado y basándose únicamente en el testimonio de un informante anónimo o en una confesión obtenida bajo tortura”.
La organización insiste en los “problemas sistémicos” del sistema judicial iraquí, “en particular en los juicios antiterroristas”, donde “recurre ampliamente al uso de la pena de muerte”. Calcula que actualmente hay 8.000 personas en el corredor de la muerte y menciona la ejecución de seis reclusos el pasado martes, “su primera ejecución masiva desde que se suspendió la aplicación de la pena de muerte tras la aprobación de una Ley de Amnistía General en enero de 2025”.
Ante este escenario, Human Rights Watch avisa de que “sin garantías creíbles ni reformas demostradas (...) Irak corre el riesgo de repetir las mismas violaciones de derechos”, y defiende que el país “debería promulgar una legislación nacional integral que penalice el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra”, con el fin de “impartir justicia que refleje la gravedad y la naturaleza sistemática de los crímenes cometidos” por el grupo yihadista.
Sanbar lamenta que “Irak se enfrenta a un problema que la comunidad internacional debería haber resuelto hace años”, y reitera que “el Gobierno debe dejar de postergar los hechos, asumir la responsabilidad por sus ciudadanos y brindarles a las víctimas de Estado Islámico justicia genuina mediante juicios justos”.