La organización Human Rights Watch (HRW) ha acusado este lunes al 40º Tribunal de lo Penal de Estambul de imponer “restricciones arbitrarias” al acceso de abogados, periodistas y ciudadanos que desean asistir al proceso contra Ekrem Imamoglu, el encarcelado y destituido alcalde de Estambul, considerado el principal rival político del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.
“Un tribunal de Estambul ha impuesto restricciones arbitrarias a abogados, periodistas y ciudadanos que buscan seguir el juicio del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, encarcelado”, ha denunciado HRW en un comunicado sobre el procedimiento que se sigue contra el dirigente del opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP) junto a 406 funcionarios municipales y otras personas “juzgadas desde el 9 de marzo de 2026 por cargos de corrupción con motivaciones políticas”.
El subdirector para Europa y Asia Central de Human Rights Watch, Benjamin Ward, ha remarcado que “el principio fundamental de que la justicia debe ser visible exige el acceso de periodistas, abogados y el público, especialmente cuando se trata de funcionarios electos y los procedimientos revisten un gran interés público”. “Hay mucho espacio vacío en la enorme sala del tribunal que podría y debería utilizarse para garantizar que los periodistas que siguen el caso puedan seguir eficazmente los procedimientos”, ha añadido, insistiendo en la necesidad de transparencia.
HRW ha explicado que el endurecimiento de las medidas de acceso se produjo “tras varias audiencias tensas, presenciadas por representantes de Human Rights Watch, marcadas por disputas sobre la distribución de los asientos entre el tribunal, abogados, periodistas y políticos”. Las vistas tienen lugar en el juzgado situado dentro del complejo penitenciario de Marmara, en Silivri, el distrito más alejado de Estambul, a unos 70 kilómetros del centro de la ciudad, bajo “estrictas” medidas de seguridad y “con una fuerte presencia de gendarmes, barricadas y controles de identidad en las entradas al aparcamiento del complejo penitenciario y al edificio que alberga las salas del tribunal”.
Según la descripción de la ONG, la sala donde se desarrolla el juicio “tiene el tamaño de un pabellón deportivo”, con los jueces y el fiscal en un extremo frente al centenar de acusados en prisión preventiva, rodeados de gendarmes. Detrás se sitúan los acusados en libertad, mientras que los abogados ocupan filas elevadas a ambos lados, quedando al fondo un espacio reducido para el público y los medios de comunicación.
En este marco, el tribunal ha fijado un tope al número de abogados y familiares que pueden asistir por cada acusado, ha limitado la entrada de simpatizantes y representantes de la oposición y ha vetado la presencia de letrados observadores y de público general. Además, “tras un incidente en el que un periodista le hizo una pregunta a Imamoglu cuando salía de la sala, ahora solo se permite a los periodistas seguir las sesiones desde la esquina trasera” de la misma, ha señalado Human Rights Watch, que recoge las quejas de informadores sobre “la dificultad de ver y escuchar el desarrollo completo de las sesiones” desde ese lugar, calificado como un “punto ciego”.
“Imponer restricciones arbitrarias al acceso a este caso socava la confianza en el proceso y viola el requisito, tanto del derecho turco como del Derecho Internacional, de que la justicia se administre públicamente”, ha advertido Ward, quien ha instado a que, “en lugar de limitar el derecho del público a la información sobre el caso, las autoridades deberían permitir que los periodistas informen exhaustivamente sobre el proceso y garantizar el acceso público al juicio”.