Un tribunal de Indonesia ha impuesto este miércoles penas de 18 años de prisión a los dos procesados por el asesinato en julio de 2025 de Matilde Muñoz, una ciudadana española de 72 años hallada sin vida en la isla de Lombok, en la zona central del archipiélago asiático.
Los acusados, identificados como Suhaeli y Heri Ridwan, han sido considerados responsables de asesinato premeditado, por lo que el juez Kelik Trimargo ha fijado para cada uno de ellos una condena de 18 años de cárcel.
El magistrado ha precisado que el tiempo que ambos llevan privados de libertad desde el inicio de las pesquisas y durante la celebración del juicio se restará del total de la pena. La vista ha concluido sin que ninguno de los sentenciados haya querido hacer declaraciones, tal y como ha recogido el portal indonesio de noticias Detik.
Los condenados, trabajadores de un hotel de la zona, han sido declarados culpables de matar por asfixia a la víctima y de trasladar su cuerpo en varias ocasiones dentro del establecimiento antes de llevarlo finalmente a una playa del área de Senggigi, donde el cadáver fue encontrado.
La Fiscalía había solicitado igualmente 18 años de prisión para cada uno de los acusados y mantuvo durante el juicio que el plan inicial de Ridwan era sustraer los objetos de valor de la habitación en la que se hospedaba la española, en el hotel Bumi Aditya, una actuación derivada de un supuesto malentendido con la mujer.
La Policía de Lombok Occidental no abrió diligencias por la desaparición de Muñoz hasta el 13 de agosto, después de que la Embajada de España en Indonesia reclamara colaboración por escrito. Su familia había manifestado con anterioridad que se trataba de “un crimen de manual” y había pedido tanto a las autoridades indonesias como a Interpol que redoblaran los esfuerzos de investigación.
La mayor parte de las pertenencias de la víctima —ropa, libros, sandalias, notas personales y su mochila— fue localizada en la zona destinada a basuras del hotel. Sin embargo, no aparecieron ni su pasaporte, ni sus tarjetas de crédito ni su teléfono móvil, lo que reforzó la hipótesis de un robo con violencia o de un intento deliberado de eliminar posibles pruebas.