La Fiscalía General de Ecuador ha iniciado una investigación de oficio para determinar las causas de la explosión de un vehículo ocurrida el martes en el norte de Guayaquil, que resultó en al menos un fallecido y aproximadamente 30 lesionados.
El incidente ocurrió alrededor de las 18:30 (hora local) en una zona comercial y turística del norte de la ciudad, según informó Ecuavisa. Los vídeos captados por testigos muestran una camioneta cerca de un centro de convenciones de un hotel incendiándose antes de la explosión.
La víctima mortal fue un taxista que se encontraba cerca del lugar y que, junto a otros curiosos, se aproximó al sitio. La explosión también dañó otros vehículos y edificaciones cercanas. Ante estos hechos, las autoridades ya mencionan la posibilidad de un acto de “terrorismo puro y duro”.
Este sería el segundo atentado con coche bomba en Guayaquil en menos de un mes, tras el ocurrido el 26 de septiembre cerca de la Penitenciaria del Litoral, aunque este último no produjo víctimas. Pocos días más tarde, se desactivó otro explosivo cerca de la misma cárcel.
El ministro del Interior, John Reimberg, comunicó que la Policía ha neutralizado cuatro explosivos adicionales encontrados en la zona y ha realizado detonaciones controladas en otro vehículo. Reimberg destacó que los dispositivos no eran meros artefactos caseros, sino que presentaban “elementos de elaboración profesional” típicos de grupos criminales que buscan “causar caos en el país”.
LOS MOVIMIENTOS INDÍGENAS RECHAZAN SU IMPLICACIÓN
La Conferencia de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) ha negado cualquier relación con estos ataques y con las protestas que llevan veinte días activas contra el Gobierno.
La CONAIE respondió a las declaraciones del gobernador de Guayas, Humberto Plaza, quien vinculó los incidentes en Guayaquil con las recientes protestas en Quito y otras localidades de Imbabura. “Esto es lo que les queda a los malos. La única manera que pueden hacer daño en la provincia de Guayas”, afirmó Plaza.
La CONAIE ha tildado de “irresponsables” y “sin fundamento” estas acusaciones y cuestiona si el Gobierno de Daniel Noboa busca “encubrir su ineptitud para combatir las mafias que operan libremente en el país” o crear “montajes” para “criminalizar” la lucha de los movimientos indígenas.