El Ejecutivo de Indonesia ha ordenado detener temporalmente la actividad de, al menos, tres compañías con operaciones en la isla de Sumatra con el fin de someterlas a auditorías ambientales, después de las devastadoras inundaciones registradas en la zona occidental del país asiático, que han dejado hasta el momento más de 900 fallecidos.
La orden de suspensión ha comenzado a aplicarse este mismo sábado, un día después de que las autoridades adelantaran la decisión tras efectuar varias inspecciones aéreas y sobre el terreno en las áreas damnificadas, en las que se han constatado “cambios” significativos en el entorno natural.
“Identificamos al menos tres fuentes principales que agravan las inundaciones: las plantaciones forestales industriales, el desarrollo hidroeléctrico masivo y las actividades de extracción de oro en la cuenca del río Batang Toru”, ha detallado en un comunicado este sábado el ministro de Medio Ambiente, Hanif Faisol Nurofiq.
El Ministerio de Medio Ambiente mantiene abierta la posibilidad de “iniciar procedimientos penales si se detectan infracciones”. “La aplicación de la legislación ambiental es el principal instrumento para proteger a la población de desastres que se pueden prevenir”, ha señalado en otro comunicado difundido en la víspera.
Según el balance más reciente de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres (BNPB, por sus siglas en inglés), el número de víctimas mortales asciende a 914 y otras 389 personas continúan desaparecidas. La provincia de Aceh concentra la mayor parte de los fallecidos, seguida por Sumatra Septentrional y Sumatra Occidental.
Las autoridades han subrayado que los daños ocasionados por estas precipitaciones son de gran magnitud y los vinculan al volumen de agua acumulada durante un periodo prolongado. Además, el país acaba de iniciar su temporada de lluvias, lo que ha encendido las alertas en otras regiones que, por ahora, no han sufrido un impacto tan intenso.
