Inicia investigación a fiscal general de Perú por presunto abuso de poder y no reinstalar a su antecesora

Archivo - La fiscal general de Perú, Delia Espinoza ValenzuelaEuropa Press/Contacto/Carlos Garcia Granthon

La Junta Nacional de Justicia de Perú (JNJ) ha comunicado la apertura de una investigación preliminar contra Delia Espinoza, fiscal general del país, acusada de varios delitos, incluyendo abuso de poder y usurpación de funciones, por no haber restituido a Patricia Benavides, quien fue suspendida del cargo por dos años.

‘Resulta necesario establecer si la fiscal suprema incurrió en la comisión de una inconducta funcional; razón por la cual corresponde abrir investigación preliminar, situación que no implica un adelanto de criterio sino, por el contrario, tiene el propósito de determinar en estricto respeto de presunción de licitud si procede o no la apertura de un procedimiento disciplinario’, afirma la declaración del organismo, otorgando diez días hábiles a la fiscal para que presente alegaciones y pruebas.

En un contexto de tensiones políticas, denunciadas por Espinoza debido a las presiones del Congreso que incluyen cuatro demandas constitucionales para inhabilitarla por hasta diez años, el caso continua desarrollándose. Estas demandas fueron reportadas por el periódico ‘La República’.

A mediados de junio, Espinoza anunció que iniciaría procedimientos contra el JNJ tras declarar nulo el cese de Benavides y pedir su restitución, según un comunicado que exigía a la actual fiscal realizar el cambio.

El 16 de junio, la Fiscalía reportó que Benavides había entrado a la sede de la institución sin cumplir con los controles de seguridad establecidos, generando tensión y la intervención policial. Espinoza acusó a Benavides de atentar contra la democracia en declaraciones a la emisora RPP.

En la disputa por el control de la Fiscalía, el congresista Américo Gonza propuso una ley para reorganizar el Ministerio Público y eliminar a los ‘responsables de pervertir esta institución’, lo que Espinoza describió como ‘constitucionalmente admisible (y) un quebrantamiento al orden constitucional’.

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