Este lunes, una significativa cantidad de jueces, magistrados y ministros en México asumirán formalmente sus funciones en un acto que se llevará a cabo en el Senado de México, evento que ha motivado un extenso operativo de seguridad por parte de la Guardia Nacional alrededor del recinto.
Se espera que 881 individuos asuman sus nuevos roles en cinco etapas comenzando a las 19.30 (hora local) en el salón principal del Senado, marcando el cierre de la reforma constitucional promovida por el gobierno que ha transformado radicalmente el sistema de selección judicial en el país.
Adicionalmente, la reforma ajusta los salarios de estos funcionarios para que no excedan el de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aunque ya hay reportes de un número sin precedentes de casos pendientes en la justicia, como señala el diario ‘Reforma’.
Human Rights Watch (HRW) ha criticado que las elecciones del 1 de junio han «socavado la independencia judicial». Las elecciones ahora se realizarán en cada distrito judicial a partir de candidatos preseleccionados por tres comités diferentes, designados por el presidente, el Senado y el Supremo.
«Lejos de ser un esfuerzo por hacer que el poder judicial sea más democrático y eficiente, es probable que esta reforma sólo cree un poder judicial leal al Gobierno», expresó Juanita Goebertus de HRW. «Estaremos observando si la Suprema Corte de Justicia de la Nación cumple con su responsabilidad de defender la Constitución y hacer que el gobierno rinda cuentas ante la ley», añadió.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) destaca que México es el único país donde «la totalidad de los jueces (es) elegida mediante sufragio universal», aunque HRW advierte sobre «defectos e irregularidades» en la preselección de candidatos.
IRREGULARIDADES Y CRITERIOS «VAGOS»
HRW ha señalado que la reforma constitucional establece criterios «vagos» para la preselección de candidatos, como la honestidad y competencia, y que los comités encargados de la selección carecen de reglamentos claros que garanticen una elección adecuada. Esta situación se complica por la revisión de unas 40 solicitudes diarias, incluso en fines de semana, por parte de los comités del Senado, según el Observatorio de la Reforma Judicial.
Además, solo el 13% de los electores participaron en las urnas, describiendo HRW este nivel como uno de los más bajos en la región para este tipo de procesos. Observadores de la OEA también han señalado deficiencias en las elecciones, incluyendo la opacidad en la financiación y gastos de campaña.
Según estándares internacionales, debe garantizarse la independencia judicial para asegurar decisiones imparciales y conforme a ley, como recalca Naciones Unidas, subrayando la necesidad de procedimientos de nombramiento que se centren en la calidad y méritos profesionales y no en criterios políticos.