Investigación a líderes de CONAIE por presunto enriquecimiento ilícito en Ecuador

La Fiscalía de Ecuador investiga a 50 líderes de CONAIE, incluido su presidente, por enriquecimiento ilícito en el marco de un paro nacional.

Archivo - Sede judicial en EcuadorFISCALÍA DE ECUADOR - Archivo

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), reconocida como la mayor agrupación indígena en el país, enfrenta una investigación por parte de la Fiscalía. Se acusa a 50 de sus líderes, incluyendo a su presidente, Marlon Vargas, de enriquecimiento privado no justificado, en un contexto marcado por un paro nacional.

“Denunciamos la persecución masiva de la Fiscalía contra más de 50 dirigentes, entre ellos Marlon Vargas, presidente de la CONAIE, presidentes de nuestras regionales, equipos técnicos y defensores de DDHH y de la naturaleza”, expresó la entidad mediante un comunicado en su perfil de X, donde se incluyó el documento fiscal, pero con los nombres de los involucrados ocultos.

Acusan al gobierno de Daniel Noboa, en complicidad con la Fiscalía, de utilizar estas acusaciones como una herramienta más de criminalización y persecución política y judicial para obstruir el #ParoNacional2025 y desacreditar sus reivindicaciones.

El viernes por la tarde, la sede de la Fiscalía en Quito fue el escenario de una protesta no solo por estas investigaciones, sino también para demandar la liberación de doce indígenas kichwas arrestados en Otavalo el 22 de septiembre y encarcelados en Esmeraldas y Portoviejo.

La CONAIE ha hecho un llamamiento a la solidaridad entre pueblos originarios, comunidades campesinas y ciudadanos para enfrentar las políticas económicas del presidente Noboa y ha alertado sobre actos de represión y criminalización, instando a la vigilancia de entidades internacionales como la ONU y la CIDH.

Asimismo, la organización exige un descenso del IVA del 15 al 12% y la reinstauración del parlamento plurinacional de pueblos y organizaciones sociales.

Ante las protestas, el presidente Noboa declaró el estado de excepción en siete provincias y prohibió las concentraciones, aunque las movilizaciones continúan.

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