El Gobierno de Irak ha expresado su descontento tras la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de imponer sanciones a una empresa constructora estatal, que según Washington está asociada con la milicia proiraní Kataib Hezbolá, un grupo clave en las influyentes Fuerzas de Movilización Popular (FMP).
Actualmente, las FMP representan el principal conflicto entre Irak y Estados Unidos, que desde hace tiempo insta a Bagdad a limitar las operaciones de esta organización por su cercanía con Teherán. A pesar de ello, las FMP son consideradas un pilar fundamental de la seguridad estatal iraquí, que incluso ha promovido legislación para consolidar a la organización como una entidad de seguridad independiente.
Bagdad ve a estas milicias como vitales para el control interno, aunque han sido criticadas por su uso excesivo de la violencia en la represión de protestas contra el gobierno, como las que tuvieron lugar en 2019 durante el movimiento social Tishrin.
El pasado jueves, el Departamento del Tesoro de EEUU sancionó a la Compañía General Muhandis por la Construcción, Ingeniería, Mecánica, Agricultura y Contratación Industrial, acusándola de «utiliza un método de subcontratación para desviar fondos de los contratos del gobierno iraquí» hacia las milicias proiraníes.
En respuesta, Bassem al Awadi, portavoz del Gobierno iraquí, calificó la medida de «extremadamente desafortunada» y lamentó que se adoptara «sin consulta ni diálogo previos», lo que «sienta un precedente negativo» en las relaciones entre ambos países aliados.
El primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani, ha ordenado la creación de una «comisión nacional suprema» para examinar los fundamentos de las sanciones impuestas por EEUU y debe «presentar su informe y recomendaciones en 30 días, incluyendo los procedimientos legales y administrativos necesarios».
El nombre de la entidad sancionada, Muhandis, hace referencia a Abu Mahdi al Muhandis, ex subdirector de las FMP, quien murió en un ataque aéreo estadounidense en enero de 2020.