Las autoridades iraníes han informado este lunes de la detención de cuatro ciudadanos extranjeros acusados de participar en “disturbios” en el marco de la reciente ola de protestas contra el Gobierno. Estas movilizaciones, según la versión oficial de Teherán, se habrían saldado con más de 3.000 fallecidos, una cifra que organizaciones no gubernamentales con sede en el extranjero consideran muy inferior a la real y sitúan, al menos, en el doble.
La Policía de la provincia de Teherán ha señalado que “cuatro ciudadanos extranjeros han sido detenidos por participar en disturbios en Baharestán”, precisando que los arrestos se llevaron a cabo “durante una redada en su escondite”, sin ofrecer información sobre la nacionalidad de los detenidos ni otros datos personales.
Según la misma fuente, “durante la inspección de una mochila perteneciente a uno de los sospechosos se hallaron cuatro granadas aturdidoras de fabricación casera que fueron usadas en los disturbios en esta localidad”, tal y como ha informado la cadena de televisión pública iraní, IRIB, que se ha hecho eco del comunicado policial.
En paralelo, las autoridades de la República Islámica han reiterado sus denuncias sobre la presencia de “terroristas” respaldados por Estados Unidos e Irán en el seno de las protestas, a los que acusan de intentar perpetrar ataques y aumentar el número de víctimas. Según Teherán, el objetivo último sería facilitar que el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, pudiera llevar a cabo su amenaza de atacar el país.
El Gobierno iraní mantiene que, hasta la fecha, han muerto más de 3.000 personas, la mayoría civiles y efectivos de las fuerzas de seguridad, en unas protestas originadas por la grave crisis económica y el deterioro de las condiciones de vida. No obstante, ONG como Human Rights Activists in Iran elevan el balance de víctimas a 6.842, de las cuales 6.425 serían manifestantes, incluidos 146 menores de edad, una cifra que duplica ampliamente el recuento oficial.