El Ejecutivo iraní ha condenado este miércoles la decisión de Estados Unidos de aplicar aranceles del 25% a los países que mantengan relaciones comerciales con Teherán, calificándola de “una venganza contra la población iraní por defender su patria”, en un contexto marcado por las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una posible acción militar por la represión de la reciente ola de protestas.
El portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmaeil Baqaei, ha recordado que “el pueblo iraní ha estado bajo sanciones económicas crueles e ilegales y presiones de Estados Unidos y algunos de sus aliados durante más de 75 años bajo diversos pretextos, lo que refleja un resentimiento institucionalizado contra el pueblo iraní en el sistema de formulación de políticas y toma de decisiones en Estados Unidos”.
En esta línea, ha subrayado que las sanciones “ilegales e inhumanas” impuestas por Washington “entran en conflicto” con las normas y principios internacionales y ha insistido en que estas disposiciones “son consideradas un crimen contra la humanidad, dado que violan los derechos fundamentales de todos y cada uno de los ciudadanos iraníes”.
“Los responsables de estas sanciones deben rendir cuentas por las consecuencias de estos crímenes”, ha añadido Baqaei, alertando igualmente sobre “los peligrosos efectos de las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos sobre el sistema de comercio internacional” y reclamando a Naciones Unidas que “cumpla con su deber a la hora de proteger el Estado de derecho a nivel internacional”.
El representante de Exteriores ha remarcado además que “la nación iraní, respaldada por sus capacidades y valiosas experiencias frente a ataques y medidas opresivas, continuará con fortaleza en el camino de progreso y desarrollo del país”, según un comunicado difundido por el Ministerio a través de sus redes sociales.
Trump había anunciado el lunes la imposición de este gravamen del 25% “con efecto inmediato” contra “cualquier país que haga negocios” con Teherán, una medida que fue rechazada de inmediato por China y que se enmarca en la escalada de sanciones y advertencias de Washington a Irán por la represión de las movilizaciones en el país centroasiático.
La ONG Human Rights Activists (HRA) informó el martes de que 1.850 personas, entre ellas nueve menores, han perdido la vida por la represión de las protestas y situó en más de 16.700 el número de detenidos por las fuerzas de seguridad iraníes. Estas cifras superan ampliamente las 734 muertes notificadas por Iran Human Rights (IHR), mientras que HRANA, con sede en Estados Unidos, eleva el balance a más de 2.400 fallecidos.
Las autoridades de Irán han acusado a Estados Unidos e Israel de instigar las manifestaciones y de apoyar los disturbios. El ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, afirmó el lunes que las protestas derivaron en violencia para ofrecer una “excusa” a Trump con la que justificar una intervención militar en el país.
Araqchi recalcó igualmente que “la situación esté bajo control” por parte de las autoridades y los cuerpos de seguridad, al tiempo que reiteró que Teherán “no quiere guerra, pero está totalmente preparado para una” y defendió la necesidad de unas “negociaciones justas” con Estados Unidos, en respuesta a las amenazas de Trump sobre un eventual ataque contra territorio iraní.