Irán rechaza que en el país se esté gestando una revolución contra las autoridades de la República Islámica y sostiene que las actuales movilizaciones son menos multitudinarias que las de 2022, desencadenadas tras la muerte de la joven kurda Mahsa Amini mientras permanecía bajo custodia policial tras ser arrestada por la llamada “policía de la moral”. No obstante, el Gobierno reconoce que ahora las protestas presentan un mayor grado de violencia, que atribuye a la infiltración de grupos procedentes del exterior.
Portavoces oficiales recalcan que, lejos de una revuelta popular generalizada contra el poder establecido en Teherán, lo que se estaría produciendo es un intento de golpe de Estado en el que, según su versión, se percibe la implicación de Israel y Estados Unidos.
Tras las palabras del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha animado a los manifestantes y ha asegurado que “la ayuda va en camino” sin concretar qué tipo de apoyo estaría prestando Washington, las autoridades iraníes interpretan que la escalada de violencia en las calles responde a la actuación de grupos foráneos infiltrados. Teherán les acusa de introducir armas en el país y de intentar incrementar deliberadamente el número de víctimas mortales para justificar una eventual ofensiva militar estadounidense.
El Gobierno iraní enmarca la situación en el contexto de los ataques de Estados Unidos contra instalaciones nucleares en su territorio, como las de Isfahán, Natanz y Fordo, que llegaron después de una campaña de bombardeos de Israel durante varios días contra objetivos nucleares, militares y zonas residenciales, a la que Teherán respondió con sus propios ataques.
Según las autoridades iraníes, las protestas actuales serían, meses después, una prolongación de aquella crisis. Sostienen que actores externos se aprovechan del malestar interno, del deterioro económico y de la fuerte devaluación de la moneda nacional para alimentar un escenario de cambio de régimen en este país de Asia central.
Desde el régimen teocrático se resta importancia al riesgo de desintegración interna por estas movilizaciones y se apela al respaldo mayoritario de la población iraní. Sin embargo, el Gobierno admite que la amenaza no ha desaparecido mientras Trump mantenga a Irán en el centro de sus presiones y no descarte abiertamente la opción de una acción militar.
SIN BALANCE DE MUERTOS OFICIAL
Por ahora, las autoridades de la República Islámica no han facilitado una cifra oficial de fallecidos en las protestas. Se limitan a indicar que 150 miembros de las fuerzas de seguridad habrían muerto a manos de manifestantes considerados violentos. Estos grupos, según la versión oficial, dispondrían de armamento introducido desde el extranjero y estarían impulsando una dinámica de derramamiento de sangre con el objetivo de abrir la puerta a una intervención foránea. Las mismas fuentes confirman la detención de dos supuestos agentes de Inteligencia de terceros países, cuya identidad no ha sido revelada.
Teherán admite que el nivel de violencia registrado en estas protestas no tiene precedentes recientes si se compara con otras oleadas de movilizaciones que han sacudido el país en las últimas décadas. Sin embargo, niega que la participación ciudadana alcance la magnitud de 2022, cuando se produjeron protestas masivas tras la muerte de Mahsa Amini después de su detención.
La versión oficial subraya que las manifestaciones no se han extendido de forma generalizada por todo el territorio iraní, sino que se concentran en un número limitado de ciudades y provincias. Asegura además que el grado de movilización no supera al de episodios anteriores, como el Movimiento Verde de 2009, cuando amplios sectores de la sociedad iraní salieron a la calle para defender las libertades civiles tras la llegada a la Presidencia del ultraconservador Mahmud Ahmadineyad.
Frente a este relato, organizaciones con sede fuera de Irán, entre ellas Human Rights Activists (HRANA), sostienen que las protestas sí son masivas y denuncian que al menos 1.850 personas, entre ellas nueve menores, han perdido la vida como consecuencia de la represión ejercida por las fuerzas de seguridad iraníes. Estas entidades cifran en más de 16.700 los detenidos en el marco de las actuales movilizaciones.