QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Las autoridades iraníes han llevado a cabo este domingo la ejecución de un hombre condenado a muerte por dirigir un fraude masivo vinculado a la venta de vehículos, un esquema que perjudicó a decenas de miles de ciudadanos y que, según la sentencia, llegó a “afectar a gran escala el sistema económico” del país.
El condenado, identificado como Mohamad Reza Ghafari, era el propietario de la empresa Nezayat Jodro Taravat Novin, fundada en 2013 y que llegó a reunir a más de 34.000 inversores. En 2019, la compañía fue denunciada en la provincia de Qazvin, en el norte de Irán, por presuntas irregularidades en sus actividades.
De acuerdo con la información publicada por el portal Mizan Online, vinculado al poder judicial iraní, Ghafari y varios socios, entre ellos algunos familiares, pusieron en marcha el negocio ofreciendo coches a precios por debajo del mercado. Posteriormente, ampliaron el alcance de sus operaciones hacia el sector inmobiliario y distintos planes de inversión.
Durante el proceso judicial, la Fiscalía argumentó que únicamente alrededor de un cuatro por ciento de los compradores de vehículos llegaron a recibir los coches comprometidos. El resto del dinero se habría utilizado para abonar rendimientos a los primeros participantes, mientras que Ghafari y su entorno familiar habrían disfrutado de una “vida próspera” gracias a los fondos captados mediante estos programas.
El expediente judicial incluye más de 28.000 demandantes y ha supuesto la imputación de al menos 28 personas, entre ellas el propio Ghafari. Su condena a muerte fue confirmada por el Tribunal Supremo de Irán hace cuatro meses, y el alto tribunal ha señalado que el sistema judicial está trabajando en mecanismos para compensar a las víctimas de este fraude de gran magnitud.
Irán aplica la pena capital mediante el ahorcamiento, por lo general dentro de prisiones, aunque en determinadas ocasiones las ejecuciones se realizan en espacios públicos. El país es, según diversas organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, el segundo Estado del mundo que más recurre a la pena de muerte, solo por detrás de China.
