El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha comunicado este viernes que, de los 3.117 fallecidos durante las protestas de las últimas semanas, 600 han sido catalogados como “terroristas”, mientras que el resto correspondería a 2.427 civiles y miembros de las fuerzas de seguridad.
El Ejecutivo iraní ha hecho públicas estas cifras pocos días después de que la Fundación de Asuntos Mártires y Veteranos, un organismo estatal encargado de atender a las familias de fallecidos en conflictos armados, difundiera este mismo balance, el primero de carácter oficial desde el inicio de los disturbios.
Los datos del Gobierno difieren de manera significativa de los ofrecidos por varias organizaciones de Derechos Humanos, que elevan el número de muertos por la represión de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes hasta los 5.000, y cifran en alrededor de 26.000 las personas detenidas.
Araqchi ha añadido que los recientes “ataques terroristas” registrados en el país han provocado la destrucción de más de 400 edificios oficiales, así como de 750 comisarías, 200 centros escolares, 300 ambulancias y 800 vehículos, casi 5000 centros religiosos, además de otros bienes e infraestructuras, según ha detallado en un mensaje difundido en redes sociales.
Las últimas movilizaciones en Irán comenzaron en los últimos días de diciembre de 2025, en un contexto de profunda crisis económica y desplome histórico del valor del rial, la moneda nacional. Durante jornadas consecutivas, diversas ciudades del país fueron escenario de protestas que fueron respondidas con una fuerte represión por parte de las autoridades.
Teherán ha acusado a actores extranjeros de alimentar la violencia en las manifestaciones con el objetivo de legitimar una eventual intervención de Washington, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera de que volvería a atacar al país si persistía la represión de las protestas.