El Ministerio de Exteriores de Irán ha rechazado este viernes la “declaración intervencionista respecto a los asuntos internos de Irán” emitida por los ministros de Exteriores del G7, después de que el grupo advirtiera de la posible imposición de nuevas sanciones “si continúa su represión de las protestas”, iniciadas hace más de dos semanas y que han causado más de 3.400 muertos y “miles” de heridos, según organizaciones de Derechos Humanos.
En un comunicado difundido en redes sociales, Exteriores ha denunciado que “los países del G7, bajo la influencia de EEUU y del régimen sionista, ignoran conscientemente el hecho evidente de que las reuniones pacíficas del pueblo iraní se convirtieron en violencia por el movimiento organizado de agentes terroristas equipados por el régimen sionista, durante los cuales un gran número de manifestantes y fuerzas del orden y de seguridad fueron atacados, heridos o perdieron la vida”.
El Ministerio ha recalcado que su prioridad es salvaguardar los derechos básicos de la población conforme a la Constitución, “incluido el derecho a la protesta pacífica”, y ha remarcado que “cumplirá con su responsabilidad” de proteger a sus ciudadanos y preservar su soberanía nacional e integridad territorial frente a “cualquier amenaza o agresión extranjera”.
En esta línea, el Gobierno iraní ha calificado de “fraudulento” el enfoque en materia de Derechos Humanos de los socios del G7, a quienes reprocha en varias ocasiones en su mensaje que se dejen arrastrar por “funcionarios estadounidenses y del régimen sionista, incitando a la violencia y al terrorismo”.
El texto oficial sostiene que “los Estados miembros del G7, cada uno con un vergonzoso historial de graves violaciones de derechos humanos en sus propios países y en la región de Asia Occidental (...) carecen de credibilidad y autoridad moral para juzgar a otros”, y acusa a Estados Unidos, Alemania, Inglaterra y Canadá —entre otros— de su “apoyo” en “la agresión militar del régimen sionista contra Irán y el asesinato de cientos de iraníes en el verano de 2025”.
El Ministerio concluye que “en lugar de emitir declaraciones engañosas e intervencionistas, los estados miembros del G7 deberían detener su interferencia ilegal en los asuntos internos de Irán, poner fin a las sanciones crueles e ilegítimas contra la nación iraní y abstenerse de abusar de los elevados conceptos de los derechos humanos como cobertura para su mala intención de interferir en los asuntos internos de Irán”.
Las palabras de Teherán llegan después de que los jefes de la diplomacia del G7 manifestaran el miércoles que están “dispuestos a imponer más medidas restrictivas” contra Irán “si continúa su represión de las protestas y la disidencia en violación del Derecho Internacional”, reclamando a las autoridades iraníes que ejerzan “la máxima moderación” y “abstenerse de recurrir a la violencia”.
En ese comunicado, los miembros del grupo rechazaron “firmemente la escalada de la brutal represión” contra la “población iraní, que ha demostrado valentía desde finales de diciembre de 2025 al expresar sus legítimas aspiraciones a una vida mejor, dignidad y libertad”.
Denuncias de una matanza “sin precedentes”
En paralelo, la ONG Human Rights Watch (HRW) ha alertado este viernes de que “cada vez hay más pruebas de masacres en todo el país” y ha pedido a los Estados miembros de la ONU “convocar una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos”, al considerar que “las matanzas masivas perpetradas por las fuerzas de seguridad iraníes no tienen precedentes” y “son un claro recordatorio de que los gobernantes que masacran a su propio pueblo seguirán cometiendo atrocidades hasta que se les exijan responsabilidades”.
La organización ha reiterado que las fuerzas de seguridad “han llevado a cabo matanzas masivas de manifestantes tras la escalada de las protestas a nivel nacional el 8 de enero” y ha subrayado la urgencia de “situar los Derechos Humanos y la rendición de cuentas en Irán en el centro de la respuesta internacional”.
Según HRW, “se cree que miles de manifestantes y transeúntes han sido asesinados, mientras que las severas restricciones del Gobierno a las comunicaciones han ocultado la verdadera magnitud de las atrocidades”, después de revisar material audiovisual que indica que “muchos manifestantes murieron o resultaron heridos por disparos en la cabeza y el torso”.
La ONG ha recordado que, conforme a los Principios Básicos de la ONU, “los agentes del orden solo pueden emplear la fuerza cuando sea estrictamente necesario y en la medida en que sea necesario para alcanzar un objetivo policial legítimo”. Además, ha insistido en que “las armas de fuego no son un instrumento adecuado para el control de las reuniones” y “nunca deben utilizarse simplemente para dispersar una reunión”.