Las autoridades iraníes han comunicado este viernes la puesta en marcha de una comisión encargada de investigar las recientes protestas vinculadas a la crisis económica, unas movilizaciones que dejaron miles de fallecidos. El anuncio llega en medio de las denuncias de Teherán sobre la actuación de “terroristas” infiltrados y de las acusaciones contra las fuerzas de seguridad por la dureza de la represión.
“Se ha creado una comisión de investigación en torno a los acontecimientos de enero, con presencia de representantes de instituciones relevantes”, ha indicado la portavoz del Gobierno iraní, Fatemé Mohajerani, quien ha añadido que este organismo “está ya recopilando pruebas y escuchando testimonios”.
En declaraciones a la agencia de noticias iraní ISNA, Mohajerani ha explicado que “el informe final será publicado una vez se complete el proceso, de cara a que el público esté informado y al inicio de acciones legales”, aunque no ha concretado ningún plazo para la publicación del documento.
Paralelamente, pocas horas antes del anuncio, las autoridades habían ordenado la excarcelación de dos conocidos políticos reformistas, detenidos esta misma semana en el contexto de las protestas, según ha confirmado su letrado. “Yavad Emam y Ebrahim Asgharzadé han sido liberados tras presentarse la fianza”, ha señalado su abogado, Hojat Hermani, que también ha manifestado su confianza en que la dirigente Azar Mansuri sea puesta en libertad en los próximos días.
El opositor Frente Reformista Iraní había denunciado el domingo que agentes de la Guardia Revolucionaria detuvieron a su líder, Mansuri, así como a Asgharzadé, responsable de su comité político, y a Emam, su portavoz. La formación indicó además que otros miembros del grupo fueron citados para declarar ante las autoridades.
La Fiscalía de Teherán imputó a los arrestados, entre los que se encontraría igualmente Hosein Karrubi —hijo del destacado opositor y ex candidato presidencial Mehdi Karrubi—, por “atacar la unidad nacional” y por actuar en coordinación con Estados Unidos e Israel tras las últimas movilizaciones.
Por su parte, el Gobierno iraní ha insistido en la existencia de “terroristas” apoyados por Estados Unidos e Israel infiltrados en las protestas, a los que atribuye la intención de llevar a cabo ataques y aumentar el número de víctimas con el fin de que el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, pudiera justificar un eventual ataque militar contra Irán.
Teherán ha reconocido hasta ahora la muerte de más de 3.000 personas, entre ellas civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, en unas protestas originadas por el deterioro económico y la pérdida de poder adquisitivo. No obstante, organizaciones como Human Rights Activists, con sede en Estados Unidos, elevan el balance a más de 7.000 fallecidos, de acuerdo con su recuento más reciente.