Las autoridades iraníes han comunicado este lunes que han iniciado acciones legales ante diversos organismos internacionales contra Estados Unidos, Israel y varios “grupos terroristas”, a los que atribuyen responsabilidad en los disturbios y fallecimientos registrados en las recientes protestas contra la crisis económica y el deterioro de las condiciones de vida en el país.
El jefe del Poder Judicial de Irán, Gholamhosein Mohseni-Ejei, ha señalado que Estados Unidos e Israel son los “principales agentes” de lo ocurrido y ha insistido en que desempeñaron un papel “directo” en los incidentes, remarcando además que “no habrá indulgencia” con los responsables de la muerte tanto de civiles como de miembros de las fuerzas de seguridad.
“Los implicados de cualquier forma en los disturbios, ya sea como planificadores, instigadores, provocadores o perpetradores, deben, además de hacer frente al castigo legal, adoptar medidas para compensar los daños infligidos a propiedad pública y privada”, ha manifestado, según la cadena de televisión iraní Press TV.
En esta línea, ha acusado a “el criminal Estados Unidos” y “el régimen sionista” de proporcionar apoyo financiero y militar a “terroristas” y “responsables de disturbios”, en lo que describe como “otra fase” de la guerra iniciada en junio con la ofensiva lanzada por Israel contra el país, a la que posteriormente se habría sumado Estados Unidos.
Balance de víctimas y denuncias de represión
Paralelamente, una organización no gubernamental con sede en Estados Unidos ha elevado a más de 5.800 el número de fallecidos por la represión de las movilizaciones, frente al primer recuento difundido por las autoridades iraníes esta semana, que situaba el balance en algo más de 3.000 muertos.
Human Rights Activists in Iran ha indicado en un comunicado que, de acuerdo con sus registros, 5.848 personas han perdido la vida durante las protestas, y ha añadido que otros 17.091 casos continúan bajo investigación. Según la misma fuente, entre las víctimas mortales figuran 5.520 manifestantes —incluidos 77 menores—, 209 agentes de las fuerzas de seguridad y 42 civiles que “no participaban” en las concentraciones.
La organización ha añadido que 7.804 personas habrían resultado “de gravedad” y que 41.283 han sido detenidas, al tiempo que denuncia la emisión de 240 “confesiones forzadas” de arrestados por las fuerzas de seguridad. Todo ello se produce en un contexto de restricciones de Internet que se prolongan desde hace más de dos semanas.