Un tribunal en Irán ha emitido una sentencia que obliga al Gobierno estadounidense a indemnizar con 22.000 millones de dólares (aproximadamente 18.940 millones de euros) por su presunto respaldo a las grandes manifestaciones que surgieron en septiembre de 2022 tras el fallecimiento de Mahsa Amini, una joven kurda que estaba detenida en Teherán por, presuntamente, no ajustarse a las normas sobre el uso del velo.
Según declaraciones de Asghar Yahangir, portavoz del sistema judicial de Irán, se ha acusado a Washington de proporcionar «apoyo material y moral» a los participantes en los disturbios de las protestas contra el gobierno, describiendo estas intervenciones como «acciones deliberadas» que constituyen «una infracción a la soberanía de Irán y al Derecho Internacional».
Yahangir también destacó que «las acciones del Gobierno estadounidense han causado daños físicos irreparables, trauma psicológicos y daños financieros y morales extensos a los denunciantes y sus familias», información que ha sido reportada por Mizan Online, un portal de noticias iraní vinculado al aparato judicial del país.
Por otro lado, las autoridades de Irán han absuelto a sus fuerzas de seguridad de cualquier responsabilidad en la muerte de Amini, aunque han admitido ciertos excesos en la represión de las protestas, que han dejado un saldo de cerca de 500 fallecidos, de acuerdo a datos proporcionados por diversas organizaciones no gubernamentales.