El ejecutivo irlandés ha presentado este miércoles una propuesta para reforzar su política migratoria, elevando a cinco años el tiempo necesario para obtener la ciudadanía, con el fin de controlar el incremento poblacional de esta nación europea.
El ministro de Justicia, Interior y Migración, Jim O’Callaghan, ha obtenido la ‘luz verde’ del Gobierno para implementar cambios legislativos y políticas que ‘fortalezcan el sistema migratorio y de asilo, garantizando que esté basado en normas, sea eficiente y esté en consonancia con las de muchos Estados miembros de la Unión Europea’.
Desde Dublín se ha anunciado que los ‘requisitos de residencia para las personas que reciben protección internacional aumentarán de tres a cinco años antes de que puedan solicitar la ciudadanía’ y se exige que los solicitantes ‘deben ser autosuficientes y no haber recibido determinados pagos de protección social en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud’, según un comunicado oficial.
Además, la posibilidad de reunificación familiar para los beneficiarios de protección internacional se limitará a aquellos que puedan demostrar suficiente solvencia económica para sostener a sus familiares. Aquellos en alojamiento de protección que estén empleados deberán contribuir económicamente.
El Gobierno también ha decidido dar más autoridad para revocar el estatus de refugiado si se considera que ‘representa un peligro para la seguridad’ nacional o si el individuo ha sido condenado por un delito grave. ‘Si bien estas situaciones son poco frecuentes, es importante que estén previstas en la ley’, ha argumentado O’Callaghan.
En una conferencia de prensa, O’Callaghan ha expresado que las autoridades serán más ‘favorables’ y ofrecerán ‘más oportunidades’ a quienes no dependan de la protección social y que estén empleados. ‘Es importante puntualizar que la ciudadanía por naturalización no es un derecho, es un privilegio’, ha enfatizado.
O’Callaghan ha destacado que la tasa de crecimiento poblacional en Irlanda es del 1,5% anual, siete veces superior al promedio de la Unión Europea, lo que obliga al Gobierno a tomar medidas migratorias acordes a esta expansión excepcional, tal como informa RTE.