El Gabinete de Seguridad del Consejo de Ministros de Israel ha dado luz verde este domingo a una profunda reforma de la administración en Cisjordania. El cambio refuerza las atribuciones para autorizar nuevos asentamientos judíos, proceder a la confiscación de terrenos y asumir el mantenimiento y la gestión de lugares religiosos en disputa como la Tumba de los Patriarcas, en Hebrón, y la Tumba de Raquel, en Belén.
El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y el titular de Defensa, Israel Katz, han remarcado que la decisión representa un giro “dramático” en Cisjordania. Entre las medidas figura que las autoridades israelíes asuman directamente las competencias sobre el territorio y las licencias de construcción en la ciudad vieja de Hebrón, alterando el sistema vigente desde 1997, que exigía el visto bueno tanto de las instituciones palestinas como de las israelíes para cualquier nueva edificación.
Según ambos ministros, el propósito es “eliminar barreras vigentes desde hace décadas, derogar una legislación jordana discriminatoria y facilitar el desarrollo acelerado de asentamiento”.
“Vamos a eliminar barreras, a generar seguridad legal y civil y a permitir a los colonos vivir, construir y desarrollarse en igualdad con todos los ciudadanos de Israel”, han asegurado Smotrich y Katz. El responsable de Finanzas ha insistido en que la reforma busca “normalizar la vida en la ribera occidental” y “seguir matando la idea de un estado palestino”.
El plan contempla igualmente hacer públicos los registros de propiedad de tierras en Cisjordania para que cualquier interesado pueda identificar a las dueñas de una parcela y presentarles ofertas de compra, un dato que hasta ahora se consideraba confidencial.
Además, se deroga una disposición de la época en la que Jordania administraba Cisjordania que impedía a personas no musulmanas adquirir terrenos en la zona. También se crea una “autoridad municipal específica” para la Tumba de Raquel, en Belén, que asumirá tareas de limpieza, conservación y gestión cotidiana del enclave.
La iniciativa extiende asimismo las competencias de seguridad israelí en las zonas A y B definidas en los Acuerdos de Oslo, concebidas como áreas de control civil palestino (A) y de administración compartida (B). El refuerzo abarca cuestiones como la gestión del agua, la protección de yacimientos arqueológicos y la respuesta a daños ambientales o episodios de contaminación.
El Consejo de Yesha, que reúne a las colonias judías en Cisjordania, ha aplaudido la reforma al considerar que “consolida la soberanía israelí sobre el territorio, 'de facto'”.
Reacción de la Autoridad Palestina
En contraste, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha calificado las nuevas medidas de “ilegítimas e ilegales” y ha recalcado que, por ese motivo, carecen de validez jurídica.
Abbas ha denunciado que “supone una ampliación práctica de los planes de anexión y desplazamiento” que “violan todos los acuerdos firmados entre la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) e Israel” y se sitúan en abierta contradicción con los Acuerdos de Oslo y el Acuerdo de Hebrón.
Ha advertido además de que “la OLP no permitirá la aplicación de estos planes (...) y seguirá luchando para defender sus tierras y sus derechos” hasta alcanzar “un Estado de Palestina libre, independiente y totalmente soberano en la Franja de Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Este, capital eterna del Estado de Palestina”.
El líder palestino recuerda que el Derecho Internacional prohíbe la colonización de territorios tomados por la fuerza y el desplazamiento forzoso de la población ocupada. Por ello ha instado a la comunidad internacional, y en particular al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y al Gobierno de Estados Unidos, “que intervengan de inmediato” para frenar estas “peligrosas decisiones” de Israel.
Abbas considera la reforma una “profundización de los intentos de anexionarse la Cisjordania ocupada y una continuación de la guerra del Gobierno contra los palestinos”, y reivindica “los derechos nacionales e históricos del pueblo palestino en el territorio palestino”.