Las autoridades israelíes han procedido este lunes al derribo de un inmueble residencial de cuatro alturas en el barrio de Silwan, en Jerusalén Este, situado al sur de la Explanada de las Mezquitas. El edificio, que albergaba a unas cien personas, ha sido demolido con el argumento de que fue construido sin la preceptiva licencia, lo que ha provocado el desplazamiento forzoso de sus ocupantes y una oleada de críticas por parte de la Autoridad Palestina y del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).
La oficina del gobernador palestino de Jerusalén ha condenado con dureza la operación y ha calificado la demolición de “un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad” que “se enmarca en una política sistemática destinada a desplazar a la fuerza a ciudadanos palestinos y vaciar Jerusalén de sus habitantes originarios”. A su juicio, “es parte de un plan de judaización y colonización diseñado a cortar la ciudad de sus alrededores palestinos e imponer a la fuerza nuevas realidades demográficas”.
En este sentido, la oficina del gobernador ha denunciado que “las autoridades de ocupación usan pretextos débiles y recurrentes, principalmente la falta de permisos de construcción, pese a que imponen vastas restricciones a la entrega de estos permisos a los palestinos, lo que supone una violación flagrante del Derecho Internacional y las Convenciones de Ginebra”.
El mismo organismo ha recalcado que “cualquier operación de demolición que derive en la expulsión de residentes de sus hogares constituye un plan claro de la ocupación para reemplazar a propietarios con colonos”, y ha subrayado que el Ejecutivo israelí, encabezado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, es “total y directamente responsable de este crimen y de sus repercusiones humanitarias, económicas y sociales”.
La oficina del gobernador ha arremetido igualmente contra la comunidad internacional por “su silencio e inacción” ante estas prácticas de las autoridades israelíes, insistiendo en que “la mera emisión de declaraciones superficiales de condena constituye una auténtica complicidad con la ocupación, que ignora las reacciones internacionales y continúa sus crímenes con impunidad”.
En un comunicado difundido en su cuenta de Facebook, la oficina ha añadido que “la maquinaria de la ocupación ha llevado a cabo alrededor de 370 operaciones de demolición y destrucción desde principios de este año en toda la gobernación (de Jerusalén Este)”, lo que enmarca la destrucción del edificio de Silwan en un patrón más amplio de derribos.
Por su parte, Abdulrahman Shadid, dirigente del brazo político de Hamás, ha tildado la demolición de “un crimen” y “la mayor operación de demolición y desplazamiento en masa contra la presencia palestina en Jerusalén”. “Es un acto criminal que equivale a un crimen de guerra y contra la humanidad”, ha afirmado en una nota publicada por el movimiento islamista en su página web.
Shadid ha advertido de que lo ocurrido en Silwan “hace saltar las alarmas sobre planes más amplios preparados para Jerusalén, en el marco de la política sistemática de la ocupación para vaciar Jerusalén de sus habitantes e imponer por la fuerza nuevas realidades demográficas a través de la demolición de viviendas, el endurecimiento del cerco y el corte de las conexiones entre los barrios de Jerusalén”.
El responsable de Hamás ha encuadrado estas actuaciones “es parte de proyectos de asentamiento y judaización destinados a tomar el control total de la ciudad”, y ha lamentado que la medida haya dejado en la calle a trece familias, “para un total de unas cien personas, la mayoría de las cuales son niños y mujeres”. A su juicio, “es un ataque a la dignidad humana, un incremento de la política de castigo colectivo y una expansión de la guerra de exterminio y desplazamiento lanzada por la ocupación contra Gaza”.
Para terminar, Shadid ha subrayado que “la brutalidad y los crímenes de la ocupación no intimidarán a los palestinos en Jerusalén” y ha alertado del “peligro” que supone “el continuado silencio internacional frente a estos crímenes”. Ha concluido responsabilizando a la comunidad internacional al señalar que “la comunidad internacional, Naciones Unidas y sus instituciones legales y de Derechos Humanos son totalmente responsables de su fracaso a la hora de contener a la ocupación”.