El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, anunció el martes que ha dispuesto la aplicación de ‘sanciones civiles’ a los habitantes de dos localidades en Cisjordania, de donde provenían los palestinos que perpetraron el ataque del lunes contra un autobús en Jerusalén, resultando en la muerte de seis personas, incluido un ciudadano español.
Katz reveló en la plataforma social X que estas ‘sanciones’ impactarán a ‘familiares y residentes de las localidades de los terroristas que llevaron a cabo el mortal ataque en Jerusalén’, lo que incluye la anulación de 750 permisos de trabajo y de entrada y la demolición de ‘cualquier estructura ilegal’ en Qatana y Qubeiba.
Además, destacó que esta medida se alinea con ‘las recomendaciones del aparato de seguridad y del Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios, Rasan Alian’, aunque no detalló cómo se implementarán estas acciones, sugiriendo que podría tratarse de un castigo colectivo para quienes simplemente residan en las mismas áreas que los agresores.
Tradicionalmente, las autoridades de Israel han impuesto restricciones laborales en su territorio a parientes cercanos de palestinos acusados de actos terroristas, argumentando que estas sanciones actúan como un elemento disuasorio contra futuros ataques.
El mismo martes, las fuerzas armadas israelíes empezaron a medir las viviendas de los dos palestinos involucrados en el atentado —identificados como Mohamad Taha y Muzana Amro— con el objetivo de derribarlas próximamente.
El incidente ocurrió cuando dos palestinos subieron a un autobús en el cruce de Ramot y comenzaron a disparar a los pasajeros hasta ser ‘neutralizados’ por un miembro de las fuerzas de seguridad y un civil armado ‘presente en la zona’, confirmado por la Policía israelí.