El Parlamento de Israel ha aprobado este lunes una controvertida ley que amplía de forma drástica la aplicación de la pena de muerte contra palestinos en Cisjordania, estableciéndola como castigo por defecto para quienes sean condenados por matar a israelíes en el marco del conflicto.
La norma, respaldada por el Gobierno de coalición liderado por Benjamín Netanyahu, salió adelante con 62 votos a favor frente a 48 en contra, en una sesión marcada por la tensión, gritos y expulsiones de diputados.
Ahorcamiento salvo "circunstancias especiales"
El texto obliga a los tribunales militares, que solo juzgan a palestinos, a imponer la pena capital por ahorcamiento en casos considerados “actos de terrorismo”, salvo que existan “circunstancias especiales” que justifiquen la cadena perpetua. Además, elimina la exigencia de unanimidad judicial: bastará con mayoría simple para dictar la sentencia.
La iniciativa ha sido impulsada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, líder del ala ultranacionalista del Ejecutivo, quien la ha defendido como una medida “disuasoria” y “histórica”. Durante el debate parlamentario, aseguró que la ley busca reforzar la seguridad y “devolver el orgullo” a Israel.
El proyecto introduce también un plazo máximo de 90 días para dictar sentencia y excluye la posibilidad de indulto, endureciendo aún más el marco legal.
La pena de muerte en Israel, abolida en 1954
Hasta ahora, la pena de muerte en Israel era una figura prácticamente inexistente: abolida para delitos comunes en 1954, no se ha aplicado en décadas y nunca contra palestinos. Con esta reforma, pasa a convertirse en un instrumento central dentro de la justicia militar en los territorios ocupados.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado que los tribunales militares presentan altísimas tasas de condena, cercanas al 96%, y han cuestionado las garantías procesales, señalando casos basados en confesiones obtenidas bajo coacción. Varias de estas entidades ya han anunciado que recurrirán la ley ante el Tribunal Supremo israelí.
La aprobación se produce en un contexto político marcado por la proximidad de las elecciones y por la presión de los sectores más duros del Gobierno, que habían amenazado con romper la coalición si la medida no salía adelante.