El Ministerio de Exteriores de Israel ha arremetido este jueves contra lo que considera el “doble rasero” de la Unión Europea (UE) y su “intervencionismo” en el proyecto de ley sobre la pena de muerte, aprobado recientemente por la Comisión de Seguridad de la Knesset, el Parlamento israelí. El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) había calificado esta iniciativa como “profundamente preocupante”.
En un mensaje difundido en sus redes sociales, la cartera de Exteriores ha señalado que “resulta increíble que la Unión Europea esté interviniendo en el proceso legislativo de un Estado soberano”, subrayando a continuación que Israel, como Estado independiente, “legisla sus propias leyes”.
En esa misma publicación, el Ministerio ha acusado a la UE de exhibir “como siempre” un “doble rasero”, por “señalar obsesivamente a Israel”, mientras no ha publicado “ni un solo tuit” sobre la pena de muerte en Estados Unidos, Japón, India, Egipto u otros Estados donde también se aplica la pena capital.
Las autoridades israelíes han remarcado que la legislación vigente “permite la pena capital” y que, de salir adelante la nueva norma, “la discrecionalidad sobre su aplicación seguirá recayendo en los tribunales”, dejando en manos de los jueces la decisión última sobre su uso.
Tras insistir en que el país “se enfrenta a un terrorismo brutal y asesino a una escala sin parangón en ningún otro lugar del mundo”, el Gobierno israelí ha añadido que “el terrorismo palestino se ve alimentado por los pagos de la Autoridad Palestina, así como por los secuestros que dan lugar a la reducción de las penas de prisión para los terroristas”.
Durante esta misma semana, la UE ha advertido de que la eventual aprobación de la ley en el pleno de la Knesset supondría un “grave retroceso en esta importante práctica”, por lo que ha instado a Israel a “respetar a su posición anterior basada en principios”, a cumplir sus obligaciones derivadas del Derecho Internacional y a mantener su “compromiso con los principios democráticos”, tal y como recogen también las cláusulas del Acuerdo de Asociación UE-Israel.
El proyecto, validado en primera lectura por la comisión parlamentaria, prevé modificar el Código Penal para introducir la pena de muerte en los casos de asesinato de israelíes por motivaciones ideológicas o racistas, tipificando este tipo de crímenes como “acto de terrorismo”. Si recibe la aprobación definitiva en la Knesset, la norma se aplicaría con carácter retroactivo a los condenados por los atentados del 7 de octubre de 2023.
Asimismo, la propuesta abre la puerta a la pena capital para actos de “terrorismo, racismo u hostilidad hacia el público”, conceptos definidos de manera imprecisa en el texto, lo que ha suscitado preocupación adicional entre las instituciones europeas y organizaciones de derechos humanos.