El Gobierno de Israel ha comunicado que un total de 37 organizaciones no gubernamentales, entre ellas Médicos sin Fronteras (MSF), no han cumplido con los nuevos requisitos legales de registro necesarios para operar y desarrollar sus tareas humanitarias en los territorios palestinos. Como consecuencia, sus licencias quedarán anuladas a partir del 1 de enero de 2026.
El Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, encabezado por Amichai Chikli, ha precisado en una nota oficial que las autorizaciones de estas entidades se revocarán desde el 1 de enero y que deberán completar el cierre de todas sus actividades en un máximo de 60 días, antes del 1 de marzo.
Las autoridades israelíes habían dado a las ONG un plazo de diez meses para remitir diversa documentación sobre su estructura y funcionamiento, entre ella una relación detallada de su plantilla, dentro de un nuevo sistema de registro que faculta al Gobierno a rechazar permisos a organizaciones sospechosas de cooperar con “organizaciones terroristas” designadas por Israel, como el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).
Sin figurar en este registro oficial, las ONG no están autorizadas a desplegar personal internacional especializado, por ejemplo en salud, agua o saneamiento, ni a introducir suministros humanitarios básicos a través de los pasos fronterizos controlados por Israel hacia Gaza o Cisjordania. La fecha límite inicial para adaptarse a estas exigencias era el 9 de septiembre, aunque el Ejecutivo decidió prorrogarla hasta el 31 de diciembre.
“El mensaje es claro: la asistencia humanitaria es bienvenida; la explotación de los marcos humanitarios con fines terroristas es inaceptable. Israel seguirá protegiendo su soberanía, a sus ciudadanos y la integridad de la acción humanitaria”, ha subrayado Chikli, según recoge el diario ‘The Times of Israel’.
El Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT), la autoridad militar responsable de la gestión de los territorios palestinos, ha asegurado en un comunicado difundido en redes sociales que esta medida “no afectará en el futuro el volumen de ayuda humanitaria que ingresa a la Franja de Gaza”.
“Las organizaciones que recibieron la notificación de la suspensión de sus actividades en la Franja de Gaza no transportaron ayuda a Gaza durante el alto el fuego vigente, e incluso en el pasado, su contribución combinada solo representó alrededor del 1 por ciento del volumen total de ayuda”, ha indicado el organismo.
En la misma línea, ha defendido que el refuerzo de las condiciones para el registro “tiene como objetivo prevenir la explotación de la ayuda por parte de Hamás, que en el pasado operó bajo la cobertura de ciertas organizaciones internacionales de ayuda, consciente o inconscientemente”.
El COGAT ha acusado además a MSF de haberse negado a entregar al Ministerio de Asuntos de la Diáspora la relación completa de sus empleados, tal y como exigen las nuevas normas, que contemplan también la posibilidad de vetar permisos a entidades que “promuevan la deslegitimación del Estado de Israel” o cuestionen “su existencia como Estado democrático”.
Las autoridades israelíes han afirmado que en junio de 2024 se identificó a un integrante de Yihad Islámica como trabajador de MSF y que en septiembre de 2024 otro empleado de esta ONG fue reconocido como francotirador de Hamás.
Ante este escenario, agencias de la ONU y ONG con presencia en Gaza han reclamado el levantamiento “inmediato” de las trabas al acceso y al desarrollo de las operaciones humanitarias en el territorio palestino ocupado, insistiendo en que la labor de estas organizaciones es “insustituible”.