El Consejo de Ministros de Italia ha dado luz verde este jueves a un nuevo paquete de medidas de seguridad orientado al mantenimiento del orden público, que incluye un refuerzo de las condiciones de prisión preventiva para quienes sean considerados “peligrosos” en el contexto de manifestaciones.
“Hemos introducido herramientas específicas para prevenir la presencia y el accionar de grupos organizados dedicados a la violencia, que nada tienen que ver con el derecho a manifestarse y que utilizan las plazas públicas como pretexto para generar desorden y destrucción”, ha señalado la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en un mensaje publicado en redes sociales.
La reforma prevé que las fuerzas del orden puedan retener hasta un máximo de 12 horas a personas “consideradas peligrosas” sobre las que exista “causa razonable para creer que están incurriendo en una conducta que ponga en peligro el desarrollo pacífico de una manifestación y la seguridad pública”.
Entre los supuestos que se tendrán en cuenta figuran la posesión de armas o de instrumentos capaces de provocar lesiones, así como el uso de petardos, cascos u objetos que dificulten la identificación del individuo. También se vigilará especialmente a quienes acumulen antecedentes penales o denuncias policiales vinculadas a manifestaciones públicas en los últimos cinco años.
El Ejecutivo italiano ha aprobado además sanciones administrativas más duras contra promotores y organizadores que convoquen concentraciones “no anunciadas en lugares públicos”, a la vez que incrementa las penas por tenencia ilícita de armas e instrumentos cortantes. En este último caso, se establece una condena de entre seis meses y tres años de prisión para quien lleve cuchillos u objetos con hojas afiladas o puntiagudas “sin causa justificada”.
El texto incorpora igualmente fuertes multas por la venta ilegal de armas —en particular artículos punzantes y cortantes— a menores de edad, también a través de Internet. Otra disposición relevante es la prohibición de entrada en territorio italiano a cualquier persona condenada por delitos de alteración de armamento, fabricación de explosivos o porte de armas sin licencia, según ha informado la agencia de noticias AdnKronos.
Este paquete normativo se adopta tras los recientes disturbios violentos registrados durante una marcha inicialmente pacífica en la ciudad de Turín, convocada en apoyo al desalojo del Centro Social Askatasuna, en la que se produjeron graves enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.