El Gobierno de Japón ha comunicado que todo extranjero que desee solicitar la doble nacionalidad en el país deberá acreditar una estancia mínima de diez años de residencia continuada, en lugar de los cinco años requeridos hasta ahora, conforme a la nueva normativa presentada este viernes por el ministro de Justicia, Hiraguchi Hiroshi.
El Ejecutivo exigirá además que los aspirantes demuestren estar “bien integrados en la sociedad japonesa” mediante la revisión de su historial fiscal, según detalla el anuncio sobre una reforma que entrará en vigor el próximo 1 de abril.
Con esta decisión, el Gobierno materializa las propuestas lanzadas a comienzos de año por la ultraconservadora primera ministra, Sanae Takaichi, que llevaba meses criticando lo que considera un exceso de facilidades por parte de las autoridades japonesas a la hora de conceder la nacionalidad, hasta el extremo de sostener que resultaba más sencillo obtenerla que lograr un permiso de residencia permanente.
No obstante, el verdadero artífice de la iniciativa es un partido aliado de la jefa de Gobierno, la conservadora-libertaria Asociación Japonesa de Innovación, Ishin Nippon, que en septiembre de 2025 remitió al Ministerio de Justicia una propuesta reclamando reglas más severas para reducir el número de residentes extranjeros y fijar los supuestos en los que los ciudadanos podrían perder su nacionalidad.
La reforma recibe igualmente el apoyo de una formación de ultraderecha en ascenso, el Sanseito, que ha pedido al Ejecutivo que vaya aún más lejos y establezca que los japoneses nacionalizados, o kikajin, tengan la posibilidad de presentarse a un escaño en la Dieta Nacional, el Parlamento japonés.
En 2025, se registraron 14.103 solicitudes de doble nacionalidad. De ellas, 9.258 fueron aceptadas y 666 resultaron denegadas, de acuerdo con los datos del Ministerio.