Este martes, el tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia ha dictaminado que los exmiembros del secretariado de las ya disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) cumplan ocho años de penas alternativas a la cárcel, debido a su implicación en aproximadamente 21.400 incidentes de secuestros.
El magistrado Camilo Suárez Aldana, quien fue el relator de la decisión, señaló que los siete integrantes del antiguo secretariado de las FARC, incluyendo a su cabecilla Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, recibirán la “máxima sanción imponible de este modelo de justicia, es de ocho años de sanción propia”.
Suárez destacó que la medida se tomó considerando su admisión de culpa, su contribución significativa a la verdad y la gravedad de los crímenes cometidos. Además de Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo y Rodrigo Granda enfrentarán estas penas por delitos como crímenes de guerra y de lesa humanidad, que incluyen homicidios, secuestros y desapariciones forzadas.
La JEP también informó que estos individuos tenían responsabilidad de mando sobre crímenes como tortura, violencia sexual y desplazamiento forzado. El organismo judicial indicó que los condenados no habían hecho lo suficiente para prevenir estos actos.
Como parte de su condena, los implicados deberán participar en proyectos de restitución, que abarcan desde la búsqueda de desaparecidos hasta iniciativas de desminado y protección ambiental. Durante el tiempo de las penas alternativas, estarán bajo vigilancia constante de la JEP y deberán llevar un dispositivo electrónico para monitoreo en tiempo real de su ubicación y actividades.
El presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli, destacó que la sentencia representa un precedente importante, ya que es la primera vez que altos responsables admiten públicamente sus crímenes en Colombia. Además, recordó que recientemente, este grupo admitió el reclutamiento forzoso de más de 18.000 menores en el conflicto, lo que describieron como una “herida colectiva que dejó cicatrices hondas en el tejido social”.