QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia (JEP), el órgano de justicia transicional surgido de los acuerdos firmados en 2016, ha determinado que el exterminio de unas 5.730 personas, entre simpatizantes, aspirantes a cargos, representantes públicos y militantes de la Unión Patriótica (UP), constituye un genocidio. La UP nació en 1985 como resultado de una iniciativa de paz con las ya desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En el marco del Caso 06, la JEP concluye que los ataques contra la Unión Patriótica configuran un genocidio que dejó al menos 8.924 víctimas. De ellas, 5.729 fueron asesinadas o desaparecidas, mientras que otras 3.200 padecieron atentados, desplazamientos forzados, exilio, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual.
El tribunal especial ha señalado como responsables a cinco generales retirados del Ejército de Colombia, a quienes atribuye haber recurrido al respaldo de grupos paramilitares para ejecutar una campaña de agresiones sistemáticas. Previamente, se impulsó una estrategia de estigmatización y demonización del partido para facilitar estos ataques.
Según recuerda la JEP en su resolución, la retórica que presentaba a la Unión Patriótica como “brazo político de las FARC” y que se difundía desde las agencias de Inteligencia militar terminó por legitimar la violencia contra esta formación. Esa narrativa fue acompañada, además, por la inacción y el abandono de otras instituciones del Estado.
La JEP ha descrito tres formas principales de exterminio: el asesinato de campesinos en áreas rurales vinculadas a la UP; el asesinato de funcionarios, dirigentes locales y cargos electos en ciudades y cabeceras municipales; y las masacres y desplazamientos colectivos en territorios donde el partido tenía una presencia significativa.
Los cinco oficiales señalados disponen ahora de 30 días hábiles para manifestar si aceptan o rechazan los cargos. Si reconocen su responsabilidad, la JEP podría imponerles sanciones de entre cinco y ocho años de restricción efectiva de la libertad de movimiento. Si optan por no aceptar los hechos, sus expedientes se remitirán a otra instancia y se arriesgan a penas de hasta 20 años de cárcel.
Hace aproximadamente un mes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ofreció disculpas en nombre del Estado por estos crímenes, cometidos durante 28 años con una impunidad casi constante entre las décadas de 1980 y 1990, después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitiera en 2024 una sentencia favorable a la Unión Patriótica.
“El Estado colombiano debe pedir perdón, no ofrecerlo, porque es corresponsable de un genocidio político”, afirmó Petro durante la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE), celebrada en Santa Marta.
En su fallo, la Corte IDH concluyó que los crímenes contra la Unión Patriótica se perpetraron con “la participación de agentes estatales, y con la tolerancia y aquiescencia de las autoridades”, en respuesta al rápido crecimiento electoral del partido, especialmente en regiones con presencia guerrillera y campesina.
La sentencia también destacó la “alianza” fraguada entre estructuras paramilitares y sectores influyentes del poder económico y de la política tradicional para “contrarrestar” el avance de la UP en el nuevo escenario político abierto entonces.
No fue hasta 2022, con la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia, cuando la Unión Patriótica se incorporó por primera vez a un gobierno nacional, dentro de la coalición Pacto Histórico. Hasta entonces, la formación había sufrido el asesinato de dos de sus candidatos presidenciales, Jaime Pardo Leal, en 1986, y Bernardo Jaramillo Ossa, en 1990.
Desde diciembre de este año, la UP integra una alianza junto con Colombia Humana, Polo Democrático Alternativo y el Partido Comunista Colombiano, bajo el nombre de Pacto Histórico, con personería jurídica propia y en sustitución de la anterior coalición homónima que reunió a las fuerzas que impulsaron la elección de Petro.
