QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Una magistrada federal de Estados Unidos ha suspendido, de forma provisional, la federalización y movilización de la Guardia Nacional en Illinois, medida ordenada por el gobierno. Esta decisión ocurre tres días después de que tanto el estado como la ciudad de Chicago interpusieran una demanda contra la administración de Donald Trump por esta acción.
La jueza April Perry ha establecido una restricción temporal del envío de tropas de la Guardia Nacional para los próximos 14 días, con una audiencia programada para el 22 de octubre que evaluará la extensión de esta medida por otros 14 días. Esta decisión se desprende del fallo judicial derivado de la demanda presentada por Illinois y Chicago contra Trump y varios secretarios de su gabinete.
“Se prohíbe temporalmente a los demandados, sus funcionarios, agentes, apoderados y todas las personas que actúen de forma concertada con ellos, ordenar la federalización y el despliegue de la Guardia Nacional de Estados Unidos en Illinois”, indica el mandato de la jueza, quien aclara que esta “orden no afecta al presidente Trump”.
Mientras tanto, la Casa Blanca continúa su política de enfocarse en ciudades gobernadas por demócratas en medio de desacuerdos sobre políticas migratorias. Actualmente, se reporta la presencia de cientos de soldados de la Guardia Nacional en Chicago, provenientes de Illinois y Texas.
Ante esta restricción que afecta la federalización de tropas de cualquier estado, el fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, ha comentado que los soldados pueden permanecer como ciudadanos privados. “No nos dedicamos a la expulsión armada de la Guardia Nacional”, declaró, añadiendo que volvería a los tribunales si es necesario.
Por otro lado, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, destacó en la red social X que “el tribunal ha confirmado lo que todos sabemos: no hay evidencia creíble de una rebelión en el estado de Illinois”, y enfatizó que “Donald Trump no es un rey y su Administración no está por encima de la ley”.
Adicionalmente, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, ha descrito la decisión judicial como “una victoria para los habitantes de Chicago y el estado de derecho”, reafirmando que “el despliegue de Trump es ilegal, inconstitucional, peligroso e innecesario”.
Este litigio surge luego de que el presidente de Estados Unidos autorizara el envío de 400 miembros de la Guardia Nacional de Texas a diversas ciudades, incluyendo Chicago, a pesar del desacuerdo de Pritzker, quien lo denunció como una “invasión”. Tras la demanda, Pritzker aseveró que el propósito de Trump es “crear violencia y caos” en la ciudad, para “tener un pretexto para invocar la Ley de Insurrección”.
