Una magistrada federal del estado de Maryland ha dictado este jueves la puesta en libertad de Kilmar Ábrego García, un migrante salvadoreño que seguía bajo custodia en Pensilvania a la espera de juicio tras su regreso a Estados Unidos, después de haber sido enviado a El Salvador en uno de los casos más simbólicos de la estricta política migratoria aplicada por la Administración de Donald Trump.
“Desde que Ábrego García regresó de una detención injusta en El Salvador, ha sido detenido, nuevamente, sin autorización legal”, señala la resolución de la jueza Paula Xinis, que atiende así la solicitud presentada por la defensa para que el salvadoreño sea excarcelado de manera inmediata.
La jueza sostiene además que las decisiones de la Administración Trump en este expediente “desmienten que su detención tenga como propósito básico llevar a cabo su deportación” ante la falta de una orden formal de expulsión, algo que “respalda aún más” que Ábrego “ya no debería estar detenido”, de acuerdo con la cadena CNN.
Los abogados del migrante han reprochado al Gobierno de Trump que presionara a su defendido para que aceptara una declaración de culpabilidad o bien consintiera ser deportado a un tercer país africano. Entre las posibles destinaciones mencionadas por las autoridades figuran Liberia y Uganda.
Tras su regreso a Estados Unidos, después de haber sido enviado a El Salvador por un “error administrativo”, Ábrego fue imputado por un delito de tráfico de personas ante un tribunal de Nashville, en el estado de Tennessee, donde fue detenido en 2022 durante un control de carretera en el que viajaba con nueve personas en situación irregular.
De acuerdo con la Fiscalía, Ábrego García habría trasladado a migrantes sin papeles dentro de Estados Unidos en más de 100 trayectos entre Texas, Maryland y otros estados. Las autoridades le atribuyen también supuestos lazos con la organización criminal Mara Salvatrucha, aunque él se declaró no culpable de esas acusaciones.
El salvadoreño fue deportado por primera vez a mediados de marzo y enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador —instalación promovida por el presidente Nayib Bukele—, pero posteriormente la Justicia estadounidense ordenó su retorno al país al concluir que su expulsión se había producido por un error administrativo.