El presidente de Chile, José Antonio Kast, ha manifestado su disposición a conceder indultos a policías y militares condenados por actuaciones violentas que causaron graves lesiones a manifestantes durante las protestas de octubre de 2019, conocidas como el estallido social.
“La facultad del indulto es una facultad que hasta el día de hoy tiene el presidente de la República y yo la voy a utilizar”, ha sostenido el mandatario chileno en una entrevista concedida a Canal 13 en la que ha defendido que hay “personas presas porque cumplieron con su deber mandatado por el Estado”.
Según ha explicado, el Gobierno tiene en marcha una revisión de los distintos expedientes de carabineros y militares que cumplen condena de prisión por el uso de la fuerza contra manifestantes durante aquellas movilizaciones.
“Yo entiendo que alguien que se sienta víctima de una situación como esa, le cueste mucho superar, pero miremos lo que ha sucedido en otros países, miremos nuestra historia y aquí hay que partir perdonando”, ha defendido Kast.
Entre los sentenciados figuran integrantes de las fuerzas estatales por hechos como disparos contra manifestantes, dejar a personas sin visión en uno de sus ojos o incluso provocar que una persona quedara en estado vegetal tras una brutal paliza.
Sin embargo, en declaraciones recogidas por el diario ‘La Tercera’, el ministro de Justicia ha indicado que no ha firmado ningún indulto y que la agenda del Gobierno no sigue una “agenda prodelincuencia” sino que los que busca el nuevo Ejecutivo es “combatir” el crimen.
El 18 de octubre de 2019, la ciudadanía chilena salió de forma masiva a las calles para protestar por la subida del precio del transporte público, dando inicio a una ola de movilizaciones que se prolongó durante meses y que expresó el profundo malestar social ante la enorme desigualdad existente.
El comportamiento de las fuerzas de seguridad, en particular de Carabineros, fue duramente cuestionado tanto dentro como fuera del país. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) tiene registradas más de 2.500 denuncias y alrededor de 3.000 víctimas por abusos entre octubre de 2019 y marzo de 2020, entre ellas 34 muertos.