Keiko Fujimori critica la solicitud de 35 años de prisión en su contra como politizada

Archivo - Keiko Fujimori.Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

La exaspirante a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori, ha desestimado la petición de 35 años de prisión que la Fiscalía solicita por un supuesto delito de lavado de dinero. Keiko acusa al ente fiscal de actuar con motivaciones políticas y ha puesto en duda la imparcialidad del fiscal José Domingo Pérez, quien encabeza el equipo especial Lava Jato.

«Nos vamos a oponer porque consideramos que se actúa al margen de la ley», expresó Giulliana Loza, abogada de la líder de Fuerza Popular (FP), durante una entrevista en Canal N. Loza criticó que se enteraron del requerimiento fiscal por medios de comunicación y no por vías oficiales.

«No tenemos conocimiento en sí de los argumentos que estarían fundamentando su decisión», continuó la abogada, señalando además que la Fiscalía «quebrar una vez más el procedimiento» y con ello los derechos de Fujimori, cuyas campañas presidenciales están siendo cuestionadas por su financiamiento.

Loza también cuestionó la legitimidad del cargo de lavado de dinero al momento de los hechos, indicando que no estaba contemplado en la legislación peruana y que esperarán una notificación oficial para apelar.

Además, la abogada acusó al fiscal Pérez de perder «objetividad» y sugirió que existen motivaciones políticas detrás de la acusación, especialmente cuando falta un año para las elecciones.

«Llama poderosamente la atención que la Fiscalía, como siempre, tenga una injerencia, un protagonismo, en las campañas electorales de nuestro país», protestó Loza, destacando la «rapidez» con que actúa la Fiscalía en ciertos casos.

El denominado caso ‘Cócteles’, que alude a eventos organizados por Fuerza Popular para recaudar fondos, data de 2016 e involucra la financiación irregular de las campañas fallidas de Fujimori. Durante las elecciones de 2011 y 2016, se realizaron cenas costosas, catalogadas como ‘cócteles’, que presuntamente servían para encubrir ingresos irregulares de empresas, incluyendo una donación de un millón de dólares de Odebrecht y un aporte del principal grupo financiero de Perú, Credicorp.

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