La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, ha señalado este viernes que el Gobierno de Donald Trump ha activado procedimientos para impulsar acusaciones adicionales contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en distintas jurisdicciones del país norteamericano.
“Teniendo en cuenta que el caso está abierto, no hay mucho que pueda decir, pero sí puedo decir que hay cargos en su contra por narcoterrorismo, y su mujer es igual, si no peor”, ha manifestado en una entrevista concedida a la cadena Fox News, en la que ha descrito a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, como personas “horribles”.
En este contexto, ha recalcado que ambos “deberían ser condenados por los muchos delitos que han cometido, todos ellos relacionados con armas y drogas”. Además, ha puntualizado: “Puedo decir que Nueva York no es la única jurisdicción en la que estamos sopesando abrir casos en su contra”, dejando claro que se estudian actuaciones en otros estados.
Preguntada sobre si otros altos cargos venezolanos podrían acabar igualmente encausados, Bondi ha reconocido que existen “muchos cómplices” que aún no han sido llevados ante la Justicia. Ha subrayado asimismo que “el presidente Trump tiene un ojo puesto en esto; esto va sobre mantener nuestro mundo seguro y con eso es con lo que él está comprometido”.
El jueves, un tribunal de Nueva York desestimó la solicitud de la defensa de Maduro para anular los cargos que pesan sobre él, presentada ante la imposibilidad de abonar los honorarios de sus abogados debido a las sanciones que bloquean sus cuentas y activos.
En febrero, el letrado de Maduro, Barry Pollack, advirtió de que podría verse obligado a renunciar a la representación del mandatario venezolano si Estados Unidos no autoriza al Gobierno de Venezuela a sufragar sus servicios. Pollack explicó que el Departamento del Tesoro primero otorgó y posteriormente revocó una licencia que habilitaba a Caracas a efectuar dichos pagos.
No obstante, tanto Maduro como Cilia Flores figuran en la lista de sancionados, por lo que el equipo jurídico necesita autorizaciones específicas para evitar vulnerar esas restricciones. El abogado ha defendido que esta situación “viola el derecho constitucional de Maduro a defenderse”.
La defensa mantiene que “el Gobierno de Venezuela tiene la obligación de pagar los honorarios de la representación de Maduro, que este tiene la expectativa legítima de que el Gobierno venezolano lo haga y que, de otra manera, no puede costearse un abogado”.
Maduro fue capturado junto a Cilia Flores el pasado 3 de enero en una incursión militar estadounidense que dejó más de un centenar de muertos y, tras la operación, ambos fueron trasladados y encarcelados en Nueva York. El dirigente, acusado de delitos vinculados al narcotráfico, se declaró no culpable ante un tribunal federal de la ciudad, mientras que el Ministerio de Exteriores venezolano ha reclamado en varias ocasiones la liberación de los dos.