La Autoridad Palestina denuncia a Israel por la “ejecución lenta” de un educador liberado una semana antes de morir

La Autoridad Palestina responsabiliza a Israel de la “ejecución lenta” del educador Jaled al Saifi, liberado en estado crítico tras meses de detención.

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Imagen de uno del acceso a la prisión militar de Ofer, en la que Jaled al Saifi estuvo encarcelado Europa Press/Contacto/Jamal Awad

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La Comisión para los Asuntos de los Detenidos de la Autoridad Palestina y la Sociedad de Presos Palestinos han responsabilizado este lunes a Israel de la “ejecución lenta” del educador Jaled al Saifi, quien abandonó la pasada semana la clínica del complejo penitenciario de Ayalón, en la ciudad israelí de Ramla (centro del país), con un estado de salud “extremadamente crítico” que, según ambas entidades, se debía a abusos sufridos durante su periodo de reclusión.

“El preso liberado Jaled al Saifi (67 años), del campo de refugiados de Dheisheh/Belén, ha fallecido una semana después de su liberación de la clínica de la prisión de Ramla en estado extremadamente crítico”, han anunciado ambas organizaciones en un comunicado conjunto, en el que han recordado que se trataba de su segunda detención “desde el comienzo de la campaña genocida” en la Franja de Gaza “a pesar de su avanzada edad y su urgente necesidad de atención médica y tratamiento”. Tras su excarcelación después de “cuatro meses bajo detención administrativa arbitraria sin juicio ni cargos”, Al Saifi permaneció ingresado “en estado crítico” en el Hospital Istishari de Ramala, en Cisjordania, “como consecuencia de la tortura, los malos tratos, la inanición y la denegación de atención médica que sufrió en las prisiones de la ocupación”, según han denunciado ambas organizaciones, que hablan de una “larga lista de ejecuciones lentas perpetradas por el sistema penitenciario de la ocupación”.

Poco después, la Comisión ha difundido un segundo comunicado en el que detalla que el propio Al Saifi denunció, “antes del grave deterioro de su salud y previo a su traslado de la prisión de Ofer a la denominada Clínica Penitenciaria de Ramla, (que) las autoridades penitenciarias le inyectaron una sustancia que, según afirmaron, era una vacuna contra la gripe”. De acuerdo con este relato, dicha inyección le habría provocado “una inflamación y complicaciones graves, tras lo cual recibió una segunda inyección que empeoró aún más su estado y obligó a su traslado”, recoge el texto. “Estos hechos constituyen una clara evidencia de que la ocupación apuntó deliberadamente a Al Saifi para su eliminación física mediante una política de ejecución lenta. Cuando las autoridades penitenciarias se percataron de que su salud se había deteriorado irreversiblemente y que se acercaba a la muerte, lo liberaron para intentar evadir la responsabilidad directa de su asesinato”, ha aseverado la Comisión.

“La Comisión para los Asuntos de los Detenidos de la Autoridad Palestina y la Sociedad de Presos Palestinos responsabilizan plenamente a la ocupación israelí de la muerte de Jaled al Saifi, afirmando que fue asesinado mediante la política de detención administrativa arbitraria y la negación de tratamiento médico”, han concluido ambas organizaciones, que describen a Al Saifi como educador, fundador y director de la Fundación Cultural Ibdaa y una de las figuras culturales, sociales y políticas más destacadas del campamento de Dheisheh, en Belén. La Comisión sostiene que el exprisionero fue objeto de una persecución “intencional” por parte de las autoridades israelíes tanto desde el inicio de la ofensiva lanzada el 7 de octubre de 2023 como en décadas anteriores.

A raíz de la muerte de Al Saifi, la Comisión y la Sociedad de Presos Palestinos han subrayado además que Israel “continúa encarcelando a más de 3.380 detenidos administrativos, incluyendo mujeres y niños, sin cargos ni juicio, gracias a la complicidad directa de los tribunales militares”. También han indicado que son “más de 100, los presos políticos palestinos asesinados por las autoridades israelíes, acusando al Gobierno de Benjamin Netanyahu de haber adoptado “abiertamente la ejecución de presos como un programa político”.