El Ejecutivo palestino ha repudiado con firmeza la entrada en vigor de la orden israelí que anula las licencias de actividad de varias ONG en Gaza, una decisión calificada de "arbitraria" y cuyo fin último, según denuncia, es apartar a los "testigos" capaces de documentar posibles vulneraciones del Derecho Internacional.
"Estas instituciones brindan asistencia humanitaria, sanitaria y ambiental vital a nuestro pueblo, especialmente en la Franja de Gaza, en un momento en que el pueblo palestino sufre genocidio y hambruna, que Israel ha utilizado como arma de guerra", ha denunciado el Ministerio de Exteriores de la Autoridad Palestina en un comunicado publicado este miércoles.
"Las acciones de Israel, como potencia ocupante ilegal, al detener la labor de estas organizaciones constituyen piratería, violencia y medidas que violan el derecho y las normas internacionales", añade.
En la misma nota, la Autoridad Palestina subraya que "Israel no desea testigos de sus crímenes" y sostiene que la medida se enmarca en una estrategia más amplia para desmantelar "ámbitos vitales" como "la protección infantil, la salud, la educación, el agua, los refugiados y otros sectores humanitarios fundamentales para la causa palestina".
MSF defiende su labor y rechaza las acusaciones
En paralelo, Médicos sin Fronteras (MSF) ha difundido este miércoles otro comunicado en el que expresa su rechazo a la revocación de sus permisos y recalca que ha cumplido con todos los requisitos establecidos por las autoridades israelíes, que, según la organización, nunca facilitaron "criterios ni garantías claros" sobre el procedimiento.
"La coordinadora de Emergencias de MSF, Claire San Filippo, señala que los informes que sugieren que MSF no ha cumplido con el proceso de registro en Gaza son inexactos. "Hemos estado plenamente involucrados desde julio de 2025 y hemos presentado la mayor parte de la información requerida", ha indicado.
La ONG humanitaria niega igualmente de forma tajante las acusaciones de Israel sobre presuntos vínculos con grupos armados y reafirma la independencia de su trabajo sobre el terreno.
"MSF se toma estas acusaciones muy en serio. Nunca contrataríamos a sabiendas a personas que participan en actividades militares. Hacer públicamente tales afirmaciones sin pruebas pone en riesgo al personal humanitario y socava el trabajo médico crítico que se hace", lamenta la organización.