El secretario general de la Comunidad Andina, Gonzalo Gutiérrez, lanzó este viernes un llamado “urgente” a los presidentes de Colombia y Ecuador, Gustavo Petro y Daniel Noboa, para que reanuden “a la mayor brevedad posible” el diálogo directo entre ambos gobiernos y así salvaguardar una experiencia de integración regional que suma ya 57 años.
En una carta remitida a ambos jefes de Estado, Gutiérrez expresó su inquietud por las decisiones recientes adoptadas y anunciadas por Bogotá y Quito, al entender que estas determinaciones repercuten de forma directa en el bienestar de la población de los dos países, en el tejido productivo, en las economías domésticas y, de forma más amplia, en el propio proceso de integración subregional.
El responsable del organismo advirtió de que tales medidas, en lugar de facilitar una salida “mutuamente satisfactoria”, pueden acarrear efectos adversos tanto para Colombia y Ecuador como para el conjunto del bloque andino, poniendo en riesgo compromisos internacionales ya vigentes y el principio de solidaridad que sostiene el proyecto integrador.
Gutiérrez recordó a ambos mandatarios que el esquema andino de integración es el resultado de casi seis décadas de trabajo ininterrumpido, durante las cuales los países miembros han levantado un espacio compartido de cooperación, intercambio comercial y desarrollo.
En este contexto, puso de relieve la transformación del comercio intrarregional, que ha pasado de 52,7 millones de dólares a 9.152 millones de dólares, y remarcó el avance en la sofisticación de la producción, con un 82,9% de las exportaciones correspondientes a manufacturas con valor añadido.
Al referirse a Colombia, el secretario general subrayó que la integración ha sido clave para el despegue de sus ventas al resto de socios andinos, que han crecido desde 31 millones de dólares en 1969 hasta 3.197 millones en 2024, lo que equivale a un aumento de 103 veces.
Indicó además que este dinamismo ha impulsado a unas 3.540 empresas exportadoras colombianas, de las que 3.109 son micro, pequeñas y medianas compañías. Igualmente, resaltó el flujo anual de cerca de 350.000 toneladas de mercancías colombianas que cruzan la frontera terrestre con Ecuador, un movimiento que, destacó, resulta especialmente relevante para las economías locales.
En cuanto a Ecuador, el representante de la Comunidad Andina señaló también la evolución favorable del comercio dentro del bloque, que ha pasado de 7,5 millones de dólares en el momento de la firma del Acuerdo de Cartagena a 2.033 millones en 2024, lo que supone un crecimiento de 271 veces. Este progreso, añadió, ha alcanzado a unas 1.220 empresas exportadoras, de las que 1.010 son MIPYMES.
Apuntó igualmente que alrededor de 690.000 toneladas de productos ecuatorianos cruzan cada año la frontera con Colombia, lo que refleja la relevancia del intercambio para las economías regionales y para las comunidades que viven en las zonas limítrofes.
Gutiérrez destacó además el desarrollo del andamiaje jurídico e institucional del proceso andino, que ha permitido avances en materias como la libre competencia, la propiedad intelectual, la libre circulación de personas, el roaming sin sobrecostes y la cooperación frente a la delincuencia organizada transnacional.
En este último ámbito, rememoró la aplicación de un plan de acción que ha hecho posible operativos coordinados en las fronteras y el intercambio de información entre los Estados miembros, y puso en valor los trabajos en marcha para la creación del Mercado Andino Eléctrico Regional, orientado a reforzar la seguridad energética de la subregión.
En este escenario, el secretario general subrayó que, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre, el derecho internacional adquiere una importancia creciente para América Latina y el Caribe.
A su juicio, para países de tamaño medio como los andinos, este marco jurídico es una garantía básica para la defensa de sus intereses; el respeto de los compromisos asumidos refuerza la confianza recíproca y ayuda a evitar episodios de inestabilidad.
Por ello, insistió en la urgencia de reactivar cuanto antes el diálogo directo entre Colombia y Ecuador, mediante delegaciones de alto nivel con capacidad real de cerrar acuerdos concretos, y reclamó que este proceso se lleve a cabo en un clima de prudencia y voluntad constructiva, en coherencia con lo establecido por las cancillerías en el comunicado conjunto del 25 de marzo.
En esta línea, planteó que instituciones como la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) puedan aportar recursos de cooperación para fortalecer las capacidades en las áreas fronterizas. Al mismo tiempo, reiteró la “plena disposición” de la Secretaría General de la Comunidad Andina para actuar como “facilitador” con el fin de alcanzar “una solución mutuamente satisfactoria que resguarde los intereses de los Países Miembros y fortalezca el proceso de integración andino”.