La Defensoría del Pueblo de Colombia ha advertido sobre la “persistencia” de peligros que afectan al libre ejercicio del voto en las elecciones previstas a lo largo de 2026, debido al “afianzamiento de las gobernanzas armadas ilegales” de grupos criminales que “suplantan” tareas propias del Estado, intervienen en las campañas y “vetan” candidaturas en distintas zonas del país.
“El riesgo no es la cancelación de las votaciones sino la consolidación de una democracia meramente formal en algunas regiones que ignora el silencio obligado de las comunidades ante la gobernanza de los grupos armados”, ha señalado la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, durante la presentación del Informe de Seguimiento a la Alerta Temprana Electoral (ATE), emitida en octubre.
El organismo ha identificado como principales focos de amenaza al autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), facciones disidentes de las antiguas Farc, el Nuevo Estado Mayor Central (Nuevo EMC) y la Segunda Marquetalia, entre otros.
En este contexto, la ciudadanía colombiana está convocada a votar el próximo 8 de marzo para escoger a los miembros del Senado y de la Cámara de Representantes, al tiempo que se celebrarán las consultas internas para definir a los aspirantes presidenciales que competirán en una primera vuelta fijada para el 31 de mayo.
Zonas y poblaciones bajo presión
En su exposición, la institución ha indicado que la respuesta estatal para reducir estos riesgos se mantiene en un nivel de cumplimiento “parcial”, con especial inquietud por la “coacción electoral” en las macrorregiones Caribe, Noroccidente y Suroccidente. En la primera se incluyen los departamentos de Bolívar, Sucre, La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar y el Archipiélago de San Andrés y Providencia; en la segunda, Antioquia, Córdoba y Chocó; y en la tercera, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
En estos territorios se hacen especialmente visibles las amenazas, las limitaciones a la movilidad y la imposición de “normas de conducta” que, ha lamentado la Defensoría, “distorsionan la libertad” del votante, en un escenario donde los grupos armados “definen en algunas zonas reglas donde se condiciona el comportamiento electoral” de la población civil.
El informe recoge 457 casos de amenazas de muerte dirigidas contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y actores políticos en el periodo preelectoral, con mayor concentración de gravedad en los departamentos de Santander, Guainía, Nariño, Sucre, Antioquia y Magdalena.
En cuanto a los candidatos, la Defensoría subraya que afrontan un “riesgo estructural” materializado en asesinatos selectivos, amenazas reiteradas, estigmatización, restricciones a sus desplazamientos y prohibiciones para desarrollar sus campañas en áreas donde las estructuras armadas no estatales ejercen una gobernanza criminal.
Mujeres, firmantes de paz y líderes sociales
En el caso de las mujeres, se ha constatado una merma en su liderazgo y en su autonomía política como consecuencia de la violencia de género ejercida por actores armados en regiones como la subregión del Catatumbo.
“Las mujeres enfrentan un mayor riesgo para adelantar sus actividades proselitistas, lo cual hace que su participación tienda a ser formal y enfrenten mayores dificultades para llegar a ocupar una curul en el Congreso”, ha explicado Marín Ortiz.
Los firmantes de paz también son blanco de amenazas por parte de estructuras armadas ilegales. Un ejemplo es Caño Indio, en la zona rural del departamento de Norte de Santander, donde el desplazamiento forzado pone en entredicho el ejercicio del derecho al sufragio.
Los peligros alcanzan igualmente a líderes sociales y defensores de derechos humanos, que se enfrentan a un elevado riesgo de homicidios, atentados e intimidaciones.
Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo ha reclamado al Ministerio de Defensa y a la Fuerza Pública “adaptar” su estrategia integral de seguridad electoral, garantizando una presencia “efectiva” en las áreas más expuestas y reforzando la protección de candidatos y comunidades.
Asimismo, ha pedido a la Fiscalía “fortalecer” las investigaciones, mejorar los canales de denuncia y “judicializar” a los responsables de las amenazas, la violencia y las interferencias en el proceso electoral.
Por último, la Defensora del Pueblo ha instado a la Procuraduría General de la Nación a “verificar” mediante su Comisión Especial Temporal de Seguimiento el cumplimiento de las recomendaciones, aplicando sanciones disciplinarias al funcionariado que no atienda sus obligaciones de prevención y protección frente a las amenazas identificadas.