La comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior (LIBE) del Parlamento Europeo ha aprobado este lunes su posición para negociar con los Veintisiete la reforma de la directiva de retorno. El mandato avala la creación y uso de centros de deportación en países terceros y ha salido adelante gracias al respaldo del Partido Popular Europeo (PPE) y de los grupos de ultraderecha, mientras socialistas, Verdes e Izquierda cuestionan que el texto garantice el respeto de los derechos fundamentales.
Las formaciones venían discutiendo desde diciembre las enmiendas al borrador elaborado por el ponente liberal, pero la última ronda de contactos, prevista la semana pasada, se suspendió en el último momento después de que el PPE cerrara un texto alternativo de compromiso con las fuerzas de la llamada “mayoría Venezuela”. Este bloque se apoya en la ultraderecha de Patriotas por Europea (liderada por el partido del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y en la que también se integra Vox), la Europa de las Naciones Soberanas y los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR, encabezado por el partido de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni).
En este marco, el informe impulsado por el eurodiputado ‘popular’ François-Xavier Bellamy ha sido respaldado en la comisión con 41 votos a favor, 32 en contra y una abstención, lo que abre la puerta a iniciar el diálogo con el Consejo (los gobiernos) una vez se anuncie en el pleno.
No obstante, según indican fuentes parlamentarias citadas por Europa Press, los socialdemócratas (S&D), Verdes y la Izquierda tratarán de forzar que el mandato se someta a votación en la sesión plenaria de Estrasburgo (Francia), con la intención de tumbarlo y obligar a reabrir las negociaciones en el seno de la comisión.
“Las personas que no tienen derecho a permanecer en Europa deben irse. Una política migratoria eficaz es imposible si no se ejecutan las decisiones de retorno”, ha manifestado Bellamy tras el visto bueno a un texto que, entre otros aspectos, endurece las consecuencias para quienes no colaboren con los procedimientos de retorno y da cobertura jurídica a los 'hubs' para externalizar fuera de la UE los procesos de expulsión.
Desde el PPE reprochan además que, en la fase final de las conversaciones, los socialistas “se negaron a apoyar elementos clave de la propuesta, como las limitaciones a las prohibiciones de entrada, el efecto suspensivo y los centros de retorno”.
La ponente en la sombra de los socialistas europeos, Murielle Laurent, reclamó antes de la votación en LIBE aplazar la decisión para prolongar las conversaciones entre grupos y alcanzar un acuerdo “coherente en lo legal y en lo político”, al entender que la rapidez con la que se impulsa ahora el mandato “no responde a la urgencia sino a una decisión política”.
La formación Vox también ha celebrado la aprobación del mandato, que considera la posición “más dura jamás planteada” porque, entre otras cuestiones, prevé que los Estados miembro “tipifiquen como delito la entrada y estancia ilegal en su territorio”, amplíen los plazos de detención para facilitar las expulsiones y restrinjan las posibilidades de recurso. Igualmente valoran que se puedan imponer prohibiciones de entrada en la Unión Europea indefinidas o permanentes cuando exista riesgo para la seguridad, según un comunicado del partido de Santiago Abascal.
SOCIALISTAS, VERDES E IZQUIERDA BUSCAN FORZAR VOTACIÓN EN PLENO
Tras fracasar el intento de aplazamiento y quedar aprobado el mandato, representantes de S&D, Verdes e Izquierda intervinieron para dejar constancia de votos minoritarios en contra y advertir de que las medidas recogidas se alejan de los “valores de respeto de las libertades, los Derechos Humanos, Igualdad y Estado de derecho” consagrados en los Tratados de la UE.
Así, Laurent ha advertido de que la creación de centros de deportación en terceros países para tramitar los expedientes de solicitantes de asilo llegados a Europa vulnera la “dignidad” y las libertades de estas personas y las expone a un “futuro incierto” en países desconocidos y por un “tiempo indefinido”. La eurodiputada ha alertado de que, si la reforma prospera en estos términos, la Unión abrirá una “nueva era de comercio de personas en las que los migrantes son expulsados a cambio de dinero”.
Desde los Verdes, la eurodiputada Tineke Strik ha señalado que el mandato aprobado por los eurodiputados “perpetúa un enfoque peligroso y divisivo”. En el mismo grupo, la negociadora Mélissa Camara ha denunciado que la posición “refleja una ideología racista y populista” y, además, “pondrá en riesgo la vida de las personas y violará su dignidad”.
En nombre de la Izquierda europea, la italiana Ilaria Salis ha expresado igualmente un voto minoritario en contra debido a la inquietud que le provoca que se contemple la “detención por tiempo indefinido incluso para quienes no han sido condenados por ningún tribunal”, un aspecto que, ha subrayado, traspasa líneas rojas fijadas por la UE.