La Fiscalía de Colombia ha decidido este lunes retirar la solicitud de imputación contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, en el marco de la investigación por el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido a comienzos de junio de 2025 en Bogotá. Rodríguez había sido denunciado por supuestamente desatender de forma reiterada las solicitudes de protección formuladas por el político conservador.
La fiscal 295 de la Unidad de Administración Pública explicó en su resolución que “esta investigación debe ser asumida por los despachos competentes (...) con la finalidad de evitar posibles nulidades y especialmente concentrar las diligencias de una forma eficiente dada la naturaleza de los hechos investigados y su relevancia”. Con este argumento, el despacho se aparta formalmente del caso.
En el escrito, difundido a través de redes sociales, la Fiscalía recuerda además que el 11 de junio de 2025 se creó el “Grupo de Tareas Especiales para la Investigación y Judicialización dentro de las noticias criminales (...) y demás hechos relacionados con el atentado realizado en contra del senador Miguel Uribe Turbay”, motivo por el cual la fiscal 295 considera que ha perdido competencia para seguir conociendo del expediente.
Aunque se retira la petición de cargos contra Rodríguez desde este despacho, el proceso penal continúa abierto. Será ahora ese Grupo de Tareas Especiales el que determine si procede o no formular imputación al director de la UNP por un posible delito de prevaricación por omisión. El procedimiento deriva de la denuncia presentada por la familia de Uribe, a través del abogado Víctor Mosquera, contra Rodríguez, al que atribuyen no haber respondido hasta 23 solicitudes del senador y precandidato presidencial para reforzar su esquema de seguridad antes de su asesinato, perpetrado el 7 de junio.
El despacho jurídico de Mosquera expresó su “preocupación” por la decisión de la Fiscalía en un comunicado en el que, al mismo tiempo, admite que “entendemos que se quiere preservar la prevalencia del estricto derecho para evitar nulidades futuras”. El bufete añadió: “Confiamos en la articulación urgente, oportuna y eficaz entre el Grupo de Tareas Especiales y la Fiscalía 295 (y) en la capacidad técnica y la responsabilidad institucional del Grupo de Tareas Especiales conformado para el esclarecimiento integral de los hechos”, insistiendo en que el Ministerio Público debe fijar en un “corto plazo una nueva fecha para la formulación de imputación, garantizando coherencia, continuidad investigativa y respeto por los derechos de las victimas”.
En paralelo, las autoridades colombianas han arrestado hasta el momento a nueve personas en relación con el magnicidio de Uribe, entre ellas el menor de 15 años que efectuó los disparos contra el senador. El adolescente falleció el 11 de agosto tras pasar dos meses ingresado en estado crítico, un desenlace que ha incrementado la conmoción social generada por el crimen en todo el país.