El equipo especial de fiscales de Corea del Sur ha solicitado este miércoles una pena de 10 años de prisión para el expresidente Yoo Suk Yeol, al que acusan de obstrucción a la justicia y de otros delitos vinculados a su decisión de imponer en diciembre de 2024 la ley marcial, una controvertida medida que desembocó en su salida del cargo.
En la jornada final del juicio contra Yoon, celebrada en un tribunal de Seúl, el fiscal Cho Eun Suk ha presentado su petición de condena. Durante la vista, ha sostenido que el exjefe de Estado incurrió en un "delito grave" al "privatizar" las instituciones del Estado con el fin de encubrir y legitimar sus "actos criminales", tal y como ha informado la agencia de noticias estatal Yonhap.
Cho ha recalcado que "los actos criminales del acusado dañaron gravemente el orden público en Corea del Sur e infligieron una gran herida a las personas que confiaron en él y lo eligieron como presidente", y ha subrayado que, "en lugar de transmitir su pesar o disculpas a la gente durante el proceso judicial, defendió repetidamente la legitimidad de su declaración de la ley marcial".
La acusación especial reclama para el exmandatario cinco años de cárcel por obstrucción a la justicia al impedir su arresto en enero; otros tres años por vulnerar los derechos de nueve miembros del Gabinete que no fueron citados a una reunión destinada a revisar su plan de ley marcial; y dos años adicionales por redactar y destruir una versión revisada de la proclamación tras levantarse el controvertido decreto.
En su alegato, la Fiscalía ha insistido en que "para reparar la Constitución y el legalismo dañados por el acusado y evitar que se repitan los crímenes de abuso de poder por parte de las figuras más poderosas en la historia de Corea del Sur, debemos exigir una rendición de cuentas estricta".
El tribunal ha señalado que tiene previsto pronunciarse sobre el cargo de obstrucción a la justicia el próximo 16 de enero, dos días antes de que expire la orden de arresto que pesa sobre Yoon, según Yonhap.
El exmandatario encara además otros procesos penales relacionados con el frustrado intento de instaurar la ley marcial, entre ellos uno por insurrección. El fallo sobre este último podría conocerse en febrero, dado que se espera que la vista por dicho cargo concluya, como muy pronto, a comienzos de enero.