La Fiscalía de Ecuador ha anunciado este miércoles un operativo contra el supuesto lavado de activos que ha incluido el registro de varias viviendas, entre ellas la de la excandidata de Revolución Ciudadana (RC) Luisa González, sobre quien pesa la sospecha de haber recibido fondos procedentes de Venezuela para sufragar su campaña electoral de 2023.
El dispositivo, vinculado al denominado caso “Caja Chica”, se ha extendido igualmente a los domicilios del asambleísta de RC Patricio Chávez y de Andrés Aráuz, compañero de fórmula de González en los comicios de 2023, exdirigente del movimiento y aspirante presidencial en las elecciones de 2021.
En esta causa figuran como investigadas ocho personas por la presunta financiación irregular de la campaña de 2023, en la que González fue derrotada en la segunda vuelta frente al actual mandatario, Daniel Noboa. Entre los señalados se encuentra el expresidente Rafael Correa, quien ha difundido en sus redes sociales el comunicado emitido por la Fiscalía.
La normativa penal ecuatoriana contempla que, si se la declara responsable como autora del delito de delincuencia organizada destinada al blanqueo de capitales, la sanción puede alcanzar hasta 30 años de prisión.
“¡Ni en las peores dictaduras!”, ha escrito Correa, subrayando que las pesquisas se han iniciado a raíz de una denuncia con reserva de identidad presentada a finales de noviembre del año pasado.
Este proceso se suma a otro expediente abierto en torno a la campaña de González, quien dejó el cargo de secretaria general de RC el 18 de enero. Ese mismo día recibió una notificación del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por supuestas irregularidades en la financiación y en los gastos electorales durante la contienda de 2023.