La Fiscalía de Perú ha decidido este martes extender la causa abierta contra el presidente interino, José Jerí, incorporando una nueva línea de investigación por presunto tráfico de influencias vinculada a la contratación de cinco mujeres supuestamente cercanas al mandatario. Esta ampliación se suma al expediente ya en curso por el mismo delito, originado a raíz de sus reuniones reservadas con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong.
Con esta decisión, el Ministerio Público pasa a indagar un posible nuevo episodio de tráfico de influencias atribuido a Jerí, esta vez relacionado con los encuentros que mantuvo con cinco jóvenes que serían de su entorno y que, tras reunirse con él en el Palacio de Gobierno, habrían accedido a contratos públicos por importes de hasta 11.000 soles (2.770 euros).
Fuentes de la Fiscalía consultadas por el diario “La República” han confirmado estos extremos y han señalado que el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, estudia volver a citar a declarar a Jerí, después de que ya fuera interrogado la semana pasada por sus reuniones con los citados empresarios chinos.
De forma paralela, la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro ha iniciado investigaciones separadas, por el mismo presunto delito, contra las cinco visitantes de Jerí, identificadas como Guadalupe Vela Ramírez, Cristina Beraún Rojas, Violeta Beas Otero, Fiorella Melgarejo Sánchez y Alicia Camargo.
Desde la Presidencia peruana se ha difundido un comunicado en el que se rechaza lo que se describe como un “mal uso de la información” y se denuncia un trato “denigrante” hacia las cinco “mujeres, jóvenes y profesionales (..) por el hecho de haber ingresado a trabajar a Palacio de Gobierno”.
La institución encabezada actualmente por Jerí, que sostiene que se informa “de manera tendenciosa” sobre los horarios de ingreso y salida de estas cinco trabajadoras en la sede presidencial, ha defendido igualmente la legalidad de sus incorporaciones: “Cada una de ellas ha sido contratada siguiéndose el procedimiento legal correspondiente y cumpliendo con todos los requisitos establecidos, descartando tajantemente que haya existido cualquier irregularidad en su contratación”.